En Venezuela y en el mundo entero se han esgrimido, publicado y debatido miles de opiniones de expertos electorales y juristas calificados, que definitivamente, con bases de sustento solidas e inobjetables, certifican y consolidan el resultado electoral de las elecciones presidenciales efectuadas en nuestro país, donde el diplomático Edmundo González Urrutia obtuvo un triunfo avasallante e incuestionable, con el 70% de los votos escrutados y transmitidos por el sistema automatizado, siempre utilizado por el hoy cuestionado, descalificado e incompetente Consejo Nacional Electoral.
El calificar al órgano rector como incompetente se deriva por haber declinado sus competencias como uno de los poderes (en teoría autónomo) del estado, para que otro poder, en este caso el judicial, le resolviera el caos creado por su negativa de publicar las actas de escrutinio y el haber proclamado ilegal y apresuradamente al candidato Nicolás Maduro como vencedor de la contienda quien obtuvo un poco menos del 30% de los votos.
Los venezolanos sufragaron, cuidaron y constataron el resultado en sus mesas y centros electorales en el país y el mundo, documentando con videos y copias de las actas de escrutinio, la derrota del aspirante oficialista y el ascenso vertiginoso de la oferta opositora que se alzó con la victoria en todo el estado del país y en el exterior en todas las regiones donde el cuestionado órgano rector permitió que votaran algunos electores pero que privó ilegalmente a más de 4 millones de venezolanos de ejercer su derecho al voto, por razones que todos conocemos. Estas y otras acciones desmedidas formaron parte del dominio brutal del proceso que ejercieron de manera alevosa y premeditada quienes fomentaron la migración y la división del país, la sociedad y la familia venezolana.
Al hacer un balance de lo hasta hoy acontecido podemos asegurar que el 95% del mundo desconoce, cuestiona o condiciona los resultados oficiales, hasta ahora no sustentados y en igual proporción, a lo interno del país, el reclamo ciudadano se mantiene firme con toda la de la ley, esa que permanentemente se violenta, irrespeta, mal interpreta, ignora o mal se utiliza en favor de un modelo político, que perdió su base de sustento y que pretende suplir sus carencias, debilidades y desgaste, con una gran sobre dosis de control social, represión, chantaje, persecución, manipulación y violación permanente de los derechos constitucionales que se confiscan a conveniencia del desdibujado y poco é tico ejercicio poder.
En esta batalla campal y asimétrica donde ya está decretada y se defiende hasta el final una victoria opositora, que pretende ser desvirtuada por el oficialismo disociado y abusivo, están comprometidos todos los poderes del estado, alineados aberrantemente en defensa del candidato oficialista que perdió por amplio margen la contienda. La transparencia en la actuación en favor de la verdad y la legalidad está seriamente comprometida. El equilibrio en la solución al conflicto planteado y generado por quienes se resisten a dejar el poder, es a todas luces inexistente.
La unidad nacional bien orientada, de manera pacífica cumple con agotar todos los caminos y vías necesarios en estos casos, que pese a su complejidad y atipicidad está acompañada y alumbrada resplandecientemente por la fuerza de la verdad, adicionalmente complementada con éxito por la fe y la fuerza espiritual de las mayorías, indiscutiblemente fortalecida y acorazada por los resultados que todos conocemos y tenemos en nuestras manos y que una minoría que se adueñó del país y traiciono y empobreció a su gente, trata de tergiversar y transgredir para infructuosamente favorecer la mentira y los designios del oscurantismo revolucionario, que es totalmente antagónico en estos tiempos a los deseos y esperanza del pueblo venezolano.
Todos los poderes públicos están perfectamente evaluados por cada uno de los venezolanos. De acuerdo a sus actuaciones tienen su grado de confiabilidad. A estas alturas y luego de más de 2 décadas de construcción del socialismo la decadencia de este engañosos y fallido proyecto revolucionario ha venido progresivamente perdiendo seguidores al punto que este resultado electoral del 28 de julio, su máximo exponente el Sr. Nicolás Maduro obtuvo un poco más de 3 millones de votos, cifra alcanzada de manera forzada por la coacción a los vulnerables y chantajeables empleados públicos. Lo que representa un 10% de la población total del país o un 15% de los inscritos en el registro electoral. Quien dice que no son una minoría, o que son una mayoría como pregonan sus visibles dirigentes. todas las encuestas serias y pronósticos fueron perfectamente acertados con estas cifras que ponemos a su evaluación y consideración
Una elección bien ganada por la oposición al régimen, con el ventajismo implementado en su máxima expresión por el oficialismo, con la institucionalidad doblegada en unos casos y complaciente en otros, en una ambiente de pobreza, confabulaciones, traiciones, compra de conciencias, limitaciones y violaciones al derecho a la participación y con los poderes en contra, el soberano con madurez y conciencia, derrotó a la continuidad de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder ejecutivo y hoy se libra una batalla contra el poder electoral, el poder judicial, la fuerza armada y el poder moral quienes deberían servirle al ciudadano y en esta era terminaron suprimiendo sus derechos y pretendiendo controlar y secuestrar su futuro.
Los pronósticos son positivos y llenos de optimismo ante el respaldo total obtenido en todos los niveles, con un andamiaje de fortalezas en un escenario distinto, donde se juega abiertamente, todo direccionado satisfactoriamente para que se imponga la voluntad popular, que se expresó el 28 de julio. Todos los factores involucrados deberán ir decantando supuestos y evitando dilaciones, asumiendo realidades, donde prevalezca la justicia, la constitucionalidad y la decisión tomada por el poder originario, que radica intransferiblemente en el heroico, valiente y soberano pueblo venezolano.