Este 15 de agosto, en medio de una ola de represión postelectoral que busca intimidar, silenciar y causar terror en la población, la Asamblea Nacional bajo control oficialista, aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, más conocida como la “ley antisociedad”. Esta ley obliga a las organizaciones de la sociedad civil a someterse al registro y al escrutinio gubernamental de sus actividades y fuentes de financiamiento, lo que representa un grave ataque contra el derecho de asociación y la participación en asuntos públicos.
La primera discusión de este proyecto se remonta al año 2023, fecha en la que advertíamos sobre la gravedad de su discusión y aprobación, y aunque la normativa se mantuvo engavetada durante todo el año 2023, durante ese periodo fue utilizada constantemente como un instrumento para amenazar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil. Así pues, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) no dejamos de advertir que siendo el 2024 un año electoral, nos encontrábamos ante una amenaza latente de aprobación de esta normativa y por ello alertamos sobre la posibilidad de que este año se llevara a cabo la estocada final en el cierre del espacio cívico nacional, pues la labor de promoción y defensa de la participación ciudadana libre y plural, como elemento fundamental para vivir en democracia; y la labor de defensa, documentación y promoción de los derechos ciudadanos, incomoda en el objetivo del gobierno de perpetuarse en el poder.
Así pues, la aprobación de esta ley se produjo apenas 48 horas después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortara a las autoridades venezolanas a no adoptar leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país. Sin embargo, el gobierno venezolano decidió avanzar con una normativa punitiva que va en contra de los estándares internacionales sobre la libertad de asociación.
Una Ley para silenciar y controlar
La ley antisociedad no es una mera normativa más, es una herramienta diseñada para desmantelar el espacio cívico en Venezuela, comprometiendo la existencia, continuidad y funcionamiento de, entre otras, las organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
En un contexto donde el gobierno ha recurrido a los mecanismos más duros de represión, incluyendo denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, amenazas e incluso asesinatos, esta ley llega como una forma de controlar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones han jugado un papel crucial en la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos, así como en el acompañamiento de las víctimas y sus familiares, quienes se encuentran en un estado de total desprotección ante un sistema judicial cooptado por el poder ejecutivo.
El ataque contra las organizaciones de la sociedad civil no es nuevo. Desde el pasado el gobierno ha acusado a las organizaciones de ser fachadas para actividades terroristas y las ha vinculado con actividades políticas de la oposición. Sin embargo, esta ley va más allá, es una criminalización grave al acceso a fondos de cooperación internacional, obliga a las organizaciones a registrarse ante los organismos del Estado y a notificar sobre las donaciones y financiamientos recibidos, ignorando la existencia de organizaciones de hecho y creando un ambiente de constante vigilancia y amenaza.
Un instrumento punitivo y arbitrario
La ley antisociedad establece sanciones severas, incluyendo la suspensión preventiva de actividades, multas que pueden alcanzar los mil dólares, la expulsión de personas extranjeras que formen parte de las organizaciones, y hasta la disolución de las mismas.
Lo más preocupante es la inclusión de términos vagos y ambiguos, como las prohibiciones en torno a la promoción del “fascismo, la intolerancia, el odio o cualquier acto que constituye incitación a la discriminación y la violencia”, que dejan un amplio margen para la discrecionalidad gubernamental. Estos términos y actos, aunque en efecto deben ser condenados, se han instrumentalizado en el pasado para justificar sanciones desproporcionadas y arbitrarias, que podrían resultar en la ilegalización masiva de organizaciones de la sociedad civil, creando un espacio cívico que se ajuste a los intereses del gobierno y a su permanencia indefinida en el poder.
Llamado a la comunidad internacional
Ante el preocupante panorama en Venezuela, es imperativo que la comunidad internacional tome una postura firme y decidida en defensa de las organizaciones de la sociedad civil y las garantías de un espacio cívico seguro, plural y libre. Estas organizaciones son pilares fundamentales en la promoción y defensa de los derechos humanos, desempeñando un papel crucial en la documentación, denuncia y asistencia a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el país.
La aprobación de leyes represivas que buscan silenciar y desarticular a estas organizaciones constituye un ataque directo contra los principios democráticos y los derechos fundamentales que la comunidad internacional se ha comprometido a proteger, por ello, la represión y el control absoluto sobre la sociedad civil no deben ser tolerados.
Reuters