Por Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio han generado una ola de preocupación a nivel internacional, reflejada en numerosos pronunciamientos y comunicados que subrayan la necesidad de transparencia, imparcialidad, respeto a los derechos humanos y restauración de las instituciones democráticas en el país.
La comunidad internacional ha manifestado una preocupación compartida por las irregularidades observadas durante y después del proceso electoral, destacando la necesidad de garantizar la voluntad del pueblo venezolano y la protección de los derechos fundamentales.
El 30 de julio, el Centro Carter, una organización con larga trayectoria y credibilidad en la observación electoral, declaró que las elecciones en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral. Según su evaluación, el proceso estuvo marcado por restricciones a las libertades fundamentales y parcialidad de las autoridades electorales a favor del oficialismo en contra de los candidatos de la oposición, lo que desvirtúa cualquier pretensión de legitimidad democrática.
El 7 de agosto, en un llamado de acción urgente, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony J. Blinken, y el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reconocieron la victoria del candidato Edmundo González, condenaron la violencia política y la represión post electoral y expresaron su disposición de apoyar un proceso inclusivo, liderado por Venezuela, hacia la transición y el restablecimiento de las normas democráticas. Entre tanto, el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó la violencia política post electoral y aseguró que el mundo está observando esta situación a la que consideró “no es el camino sostenible, ni tampoco señal de fortaleza”.
El 12 de agosto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela condenó la feroz represión que el gobierno venezolano ha desplegado desde la celebración de los comicios. La Misión documentó 23 muertes en el contexto de las protestas postelectorales y denunció detenciones arbitrarias en donde además se viola gravemente el debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante un sistema de justicia que responde a los intereses del gobierno. En ese sentido, hizo un llamado a “detener la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, VolkerTürk, hizo lo propio, y expresó su profunda preocupación por el creciente número de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela, lo cual ha generado un clima de miedo e intimidación entre la población.
Mientras tanto, fiscales de la Corte Penal Internacional, quienes ya llevan una investigación en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, afirmaron el pasado 12 de agosto que están “monitoreando activamente los acontecimientos actuales y han recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
Por su parte, en un informe preliminar publicado el 13 de agosto, el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas señaló que las elecciones no cumplieron con los principios esenciales de transparencia e integridad, fundamentales para unos comicios creíbles. Aún más, aseguraron que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas.
Aún más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también se pronunciaron el 15 de agosto, condenando las prácticas de violencia institucional y persecución política en el marco del proceso electoral, al que denominó “terrorismo de Estado” y el cual incluye el uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones judiciales, hostigamientos, censuras, restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y obstáculos a la labor de la defensa de derechos humanos. La CIDH advirtió que estas tácticas de represión no solo buscan silenciar a la ciudadanía, sino que también consolidan la negación del derecho a la participación política, en un contexto de vulnerabilidad y desprotección absoluta frente a los abusos del poder
Por último, y más recientemente, el 16 de agosto, veintidós países y la Unión Europea, emitieron una declaración conjunta en Santo Domingo exigiendo la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones y la verificación “imparcial” e “independiente” de los resultados. Los firmantes expresaron también su profundo rechazo a la represión de manifestantes y a la violencia que ha costado la vida de personas venezolanas en el contexto postelectoral, instando al cese inmediato de la violencia y a la liberación de todos los detenidos, incluidos representantes de la oposición.
A este pronunciamiento, se le suma una resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también del 16 de agosto, en el que subraya la urgencia de garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso electoral. Por ello exigieron a las autoridades de Venezuela la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio, y que se “respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.
Estos pronunciamientos internacionales son un reflejo de la gravedad de la situación en Venezuela y la importancia de proteger los derechos humanos y recuperar la institucionalidad democrática en el país. La comunidad internacional ha dejado claro que no tolerará las violaciones a los derechos fundamentales y continuará presionando para asegurar que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada.
Finalmente, en un contexto donde las instituciones nacionales han sido debilitadas y la confianza pública en los procesos electorales está gravemente erosionada, el papel de la comunidad internacional se vuelve esencial no solo como observadora, sino como garante de que los principios democráticos y los derechos humanos no sean ignorados ni violados impunemente, por ello, estos pronunciamientos son un recordatorio contundente de que la vigilancia internacional es crucial para asegurar que la voluntad expresada por la población el pasado 28 de julio sea respetada y que el país pueda reconstruir sus instituciones sobre bases sólidas y justas.