A través de la Abogacía del Estado, Sánchez pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abriera una investigación contra el magistrado por un delito de prevaricación, por haberle citado a declarar de forma presencial como testigo en el Palacio de La Moncloa. Su tesis es que debería haberle permitido hacerlo por escrito, como prevé la ley cuando se le va a preguntar por asuntos que ha conocido por su cargo. Y que el juez actuó así por motivos espúrios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusa a Pedro Sánchez de «tergiversar» la ley y rechaza por unanimidad su querella contra el juez Peinado.
A través de la Abogacía del Estado, Sánchez pidió al Tribunal Superior que abriera una investigación contra el magistrado por un delito de prevaricación, por haberle citado a declarar de forma presencial como testigo en el Palacio de La Moncloa. Su tesis es que debería haberle permitido hacerlo por escrito, como prevé la ley cuando se le va a preguntar por asuntos que ha conocido por su cargo. Y que el juez actuó así por motivos espúrios.
‘Caso Delcygate’
Pedro Sánchez se enfrenta a serias acusaciones de corrupción en el contexto del ‘caso Delcygate’, que involucra su autorización para la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. Las implicaciones legales de este caso aún están en desarrollo, por lo que es incierto si podría enfrentar cargos que lo lleven a prisión. Se recomienda seguir de cerca las novedades sobre este tema.
El caso Delcygate se refiere a un incidente ocurrido en enero de 2020, cuando Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, fue recibida en el aeropuerto de Barajas en Madrid por el entonces ministro de Transporte español, José Luis Ábalos. Este encuentro generó una gran controversia debido a la situación política en Venezuela y a las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Las principales preocupaciones sobre el caso incluyen:
- Legalidad de la reunión: Se cuestionó si la reunión y el trato dado a Rodríguez eran apropiados, dado que muchos gobiernos y organizaciones internacionales no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
- Transparencia: La falta de información y detalles sobre lo que se discutió en la reunión ha llevado a acusaciones de falta de transparencia y de que Sánchez y su gobierno podrían estar involucrados en operaciones encubiertas o acuerdos con el régimen venezolano.
- Implicaciones políticas: El caso ha provocado una fuerte reacción de la oposición en España, que ha criticado al gobierno socialista por mantener relaciones con un régimen considerado autoritario y violador de derechos humanos.
- Investigaciones: Ha habido llamadas para que se investigue el caso, especialmente en el contexto de las posibles implicaciones de corrupción.
El caso Delcygate ha marcado un punto de tensión en la política española y la relación de España con América Latina, especialmente en el contexto de la crisis venezolana.
El caso “Delcygate” también generó polémica por las sospechas de que durante esa visita pudiera haberse trasladado oro venezolano de manera irregular.
En el informe de la UCO se recoge que durante la permanencia de Ábalos y Koldo García en el Ministerio, el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, habría realizado “habitualmente” diversas actividades como “labores de intermediación entre España y Venezuela, presentación de oportunidades de negocio, requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos a favor de terceras empresas”.
Aldama, dice la UCO, tenía una red de contactos amplia en América, “con personalidades del más alto nivel político, empresarial y social”, y resalta su “estrecha relación” con Rodríguez que le valió “asumir labores de intermediación en el ámbito internacional”.
“Ejerció de interlocutor entre España y Venezuela, teniendo como interlocutores a Ábalos y Delcy”, explican los agentes que recogen varios mensajes de Aldama con la vicepresidenta.
Para contextualizar el nivel de representación que tenía Aldama, explica que en octubre de 2020 este envía un mensaje a Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje “del jefe” en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE.
“Ha sido en Ferraz como secretario general, no en Moncloa como presidente, esto es importante que lo sepáis y entendáis. Besos.”, explicaba Aldama sobre esa reunión que se producía a la llegada de López a España tras huir de Venezuela a través de Colombia.
104 barras de oro
En este punto, la UCO subraya que Aldama y Delcy Rodríguez trataron “asuntos de gran sensibilidad” para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.
Sobre ese tema, la Guardia Civil indica que en el ordenador portátil requisado a Aldama hallaron una fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden) –dependiente del Gobierno venezolano– ofrece 104 barras de oro a Bancasa SA por valor de 68,4 millones de dólares.
La Guardia Civil asevera, por otro lado, que incluso Aldama buscó usar la visita de Rodríguez a España en 2020 para interés propio y de sus negocios.
La UCO indica que el empresario hasta redactó una carta, invitando a la vicepresidenta a venir a España para estrechar relaciones con el nuevo Gobierno.
Aldama también elaboró la agenda de Delcy Rodríguez para esa visita, que incluía una reunión con el ministro Ábalos así como reuniones con empresarios próximos a él, con un responsable de Duro Felguera, con el empresario Juan Carlos Cueto –también investigado– e incluso una “cena en casa con todos y sorpresa”.
Por otro lado, la UCO recoge también que el contacto de Delcy y Aldama fue tan estrecho para esa visita porque hasta pactaron la excusa con la que volaría a España: “Fitur y un viaje privado médico”. Koldo habría sido consultado por el empresario y le habría indicado que mejor usar la opción de “Fitur”.
Ante el escándalo, el líder del partido español ultraconservador, Vox, en Bruselas, Jorge Buxadé, había anunciado que su partido pediría la reapertura del ‘caso Delcy’.
En abril de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid cerró definitivamente la parte del denominado ‘Delcygate’ que se investigaba en los juzgados ordinarios por un presunto delito de prevaricación contra varios funcionarios por la escala que la vicepresidenta de Venezuela hizo en el aeropuerto de Barajas tras concluir que “no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo” en los hechos averiguados.
Buxadé ha sostenido que el informe de la UCO constata que “estamos ante una organización criminal” diseñada para “cometer delitos” y que contaba con “ramificaciones en el Servicio de Información de la Guardia Civil”.
En desarrollo