La minería ilegal para la extracción de oro en Venezuela «ha generado una crisis ambiental y de derechos humanos» en los estados amazónicos Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), Amazonas (sur, limítrofe con Brasil y Colombia) y Delta Amacuro (noreste), denuncia este viernes la ONG Fundaredes
La ONG Fundaredes alertó que la minería ilegal para la extracción de oro en Venezuela ha generado una crisis ambiental y de derechos humanos en los estados amazónicos Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), Amazonas (sur, limítrofe con Brasil y Colombia) y Delta Amacuro (noreste).
A través de sus redes sociales, la organización dijo que las actividades de minería han «destruido bosques, contaminado ríos con mercurio y afectado a las comunidades indígenas, quienes sufren desplazamiento, explotación laboral y violencia».
Además -señaló- «la presencia de grupos armados y mafias agrava la vulneración de los derechos básicos» de los habitantes de estas zonas. Entre ellos se cuenta el «derecho a un ambiente sano y seguro», manifestó.
El observatorio de Ambiente de Fundaredes, Proyecto EPA, contabilizó en septiembre pasado que cerca de 20.000 «minerías ilegales» operan en el Arco Minero del Orinoco -ubicado entre Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas-. Afirmó que causan un «grave deterioro en la calidad de la vida de las comunidades locales».
Mafia del séctor minero
Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana alberga gran biodiversidad y es rica en recursos naturales, culturales y minerales. Asimismo, hay alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande de Venezuela.
Por otra parte, el Gobierno aseguró que, este año, más de 12.000 personas dedicadas a la minería ilegal fueron desalojadas de varias minas de las regiones amazónicas. Quedaron clausuradas e inoperativas, entre ellas, la ‘Bulla loca’, en el estado Bolívar. Esta sufrió un derrumbe el pasado febrero, dejando un saldo de, al menos, 16 muertos y 36 heridos.