AZALEA/CHIPS.- La «Ley Bolívar» marca un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, consolidando medidas coercitivas bajo normativa bipartidista. Este instrumento, que amplía restricciones económicas a actores privados nacionales e internacionales, con vínculos comerciales «significativos» con el gobierno venezolano, se critica por su ambigüedad legal y por intentar reforzar la injerencia en la gobernabilidad venezolana. Calificada por algunos expertos como más simbólica que efectiva, sus implicaciones podrían endurecer la postura estadounidense, al limitar futuras flexibilizaciones. En Venezuela, se responde con legislación defensiva, planteando un debate sobre el impacto real de estas sanciones y la legitimidad de su aplicación. (ALH)