Ciertamente, más allá del coyuntural conflicto político venezolano y las expectativas creadas a propósito del icónico 10 de enero, los venezolanos estamos frente a desafíos realmente existenciales. De inmediato trato de explicarme.
El raquítico sistema económico nacional y sus principales manifestaciones (inflación, desempleo, informalidad y desaparición del salario). La creciente desigualdad social y la crónica pobreza que afecta al conjunto de la sociedad venezolana. El naufragio de la institucionalidad democrática del país expresado en la pérdida, en los hechos, del conjunto de derechos y libertades establecidos en la Constitución Nacional, así como en la desaparición efectiva de los poderes públicos de la Nación y la consiguiente separación de los mismos, su usurpación por la mescolanza partido-gobierno-Estado y el establecimiento de un régimen político antidemocrático e ilegítimo.
La situación arriba descrita y archi conocida por todos conforma un cuadro que de continuar desarrollándose y profundizándose amenaza la existencia misma de Venezuela como nación soberana y pudiera devenir en una eventual fragmentación del país. Tal crisis se inscribe en procesos ⁶globales que la condicionan y potencian. La tendencia a sustituir la energía basada en los hidrocarburos por energía limpia tendrá un impacto negativo en un país petrolero como Venezuela, por ejemplo.
Afrontar esta dura realidad y tendencia negativa e indeseada demanda la formulación de un proyecto de país consensual, más allá del programa de gobierno de algún candidato presidencial, incluido los más acabados y sensatos, que los hay. Un proyecto país que partiendo de políticas puntuales para atender la coyuntura apunte al largo plazo (50 años). Entre las políticas y lineas estratégicas que debe contemplar están las orientadas a restablecer, lo antes posible, la vigencia de la Constitución Nacional (principios, libertades y derechos), la reorganización del Estado en función de recuperar las instituciones (funcionamiento y sana separación de poderes) y la eficacia de la gestión gubernamental.
Es condición necesaria para que los propósitos ligeramente descritos en el apartada anteriores no queden en bla, bla, letras muertas y más de lo mismo la formación y consolidación de un liderazgo político y social de elevada estatura intelectual y consistentes competencias para planificar, organizar, dirigir, dialogar y construir consensos para conducir una transición de tamaña magnitud. Competencias para hacer política.
Me parece más que evidente que en el sector oficialista (PSUV gobierno Estado) no hay ni sabiduría ni atributos éticos ni competencias políticas para emprender tamaño desafío (sin descartar a rajatablas que haya en la administración pública, en las FAN e incluso en el PSUV gente honesta y con cualidades para participar en el proceso de reconstrucción). Es clarísima la ausencia de valores y vocación democrática de los «líderes» de esa minoritaria franja de la sociedad venezolana. El desconocimiento de la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio es más que elocuente y demostrativo de esta afirmación para no referirme la violación sistemática a los derechos humanos como política de estado.
En el sector mayoritario de la sociedad hay individualidades brillantes y, algunos de ellos, con importante liderazgo y credibilidad. Pero no conforman un equipo dirigente ni organizados los equipos requeridos sectorialmente para abordar exitosamente el desafío planteado. Allí está una primera tarea. Será necesario también que los desgastados partidos políticos recuperen la capacidad para la elaboración y conducción política. Más aún será necesario que superen las crisis de representatividad y credibilidad que lamentablemente padecen, unos mas que otros. Esta es una segunda tarea.
El conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, acosada y perseguida por el régimen, debe repensar acerca de sus propósitos, del papel a desempeñar en la construcción del proyecto país, las modalidades y procedimientos para la participación y activación ciudadana y cómo hacer sinergia con la sociedad política que no termina de comprender la importancia de la sociedad civil e, incluso, la considera una competidora de su «espacio».
En fin, sea cual sea el desenlace del actual conflicto político es menester delinear una hoja de ruta de largo aliento y comenzar a transitarla.
Ciudad Guayana, 23 de diciembre de 2024.