En un acto que desafía toda noción de humanidad y justicia, Sandra Hernández, esposa del preso político Luis Alexander Bandres, ha alzado su voz para denunciar un hecho atroz ocurrido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Venezuela. El pasado 8 de marzo, fecha en la que el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, su hija de tan solo 13 años fue sometida a una experiencia traumática e inhumana: fue obligada a desnudarse y mostrar sus genitales como condición para poder visitar a su padre, un hombre encarcelado por razones políticas.
Este acto, que constituye una clara violación de los derechos humanos y una forma de abuso sexual según estándares internacionales como el Protocolo de Estambul, no solo expone la crueldad sistémica dentro de los centros de detención venezolanos, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad extrema de los familiares de los presos políticos, especialmente de las mujeres y niñas. ¿Cómo es posible que, en un día dedicado a la lucha por la dignidad y los derechos de las mujeres, una adolescente sea sometida a tal indignidad por parte de las autoridades que deberían protegerla?
La denuncia de Sandra Hernández no es un caso aislado. Durante años, organizaciones de derechos humanos han documentado las vejaciones, requisas abusivas y torturas a las que son sometidos tanto los presos políticos como sus seres queridos en cárceles como Ramo Verde. Sin embargo, este caso particular golpea con una crudeza especial: una niña, en la flor de su inocencia, fue despojada de su privacidad y dignidad en un entorno donde la autoridad se transforma en opresión.
La madre, con el corazón desgarrado pero la voz firme, también reveló que, tras hacer pública la denuncia, su esposo fue castigado con aislamiento en un acto de represalia evidente. “Aquí se castiga a las víctimas”, lamentó Sandra, dejando al descubierto un sistema que no solo perpetra abusos, sino que también silencia a quienes se atreven a alzar la voz.
Este caso no puede quedar en el olvido ni en la impunidad. Es un grito de auxilio que interpela a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a toda persona que crea en la justicia. La desnudez forzada de una menor de edad no es un simple “procedimiento de seguridad”; es un acto de violencia sexual, un crimen que deja cicatrices imborrables y que debe ser investigado y sancionado con la máxima severidad.
Como sociedad, no podemos permitir que el miedo y la opresión sigan siendo las herramientas de un sistema que deshumaniza a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Exigimos respuestas, justicia y protección para esta niña y su familia. Exigimos que Ramo Verde deje de ser un símbolo de terror y se transforme en un lugar donde los derechos humanos sean respetados.
Hoy, la voz de Sandra Hernández es la voz de miles de mujeres y niñas que sufren en silencio. No las dejemos solas. Que este 8 de marzo no sea recordado solo por las palabras vacías de celebración, sino por el compromiso real de poner fin a la barbarie.