El martes, Trump anunció en el Registro Federal la finalización del «parole humanitario». Esta acción probablemente implica cambios significativos en las políticas de inmigración y podría afectar a miles de personas que se benefician o podrían beneficiarse de este programa. El término «parole humanitario» se refiere a una autorización temporal para que personas que no califican para una visa puedan ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo.
Este martes, el Gobierno de Donald Trump publicó en el Registro Federal la finalización del «parole humanitario», un permiso migratorio que ha permitido a aproximadamente 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Esta decisión, anticipada el pasado viernes, establece que el beneficio migratorio expirará el 24 de abril, lo que obligará a quienes se acogieron a él y no han solicitado otro recurso migratorio a abandonar el país antes de esa fecha o arriesgarse a quedarse en situación irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dejado claro que aquellos que no cumplan con esta obligación serán objeto de acciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que podría llevar a su deportación. Cada beneficiario del programa será notificado sobre su situación migratoria, y todos los permisos de trabajo otorgados bajo este «parole» serán revocados. Asimismo, se cancelarán todas las solicitudes de permiso de viaje realizadas bajo este programa.
En el comunicado, el DHS argumenta que el «parole humanitario» «ya no representa un beneficio público significativo» para Estados Unidos y es «incompatible con los objetivos de política exterior» de la actual administración. Esto deja a los beneficiarios con pocas alternativas para permanecer en el país, salvo que cuenten con una base legal adicional, como una petición de asilo o una solicitud de visa para víctimas de crímenes.
La decisión ha generado preocupación y debate en el país, especialmente entre las comunidades inmigrantes y defensores de los derechos humanos. En Boston, un juicio en curso podría influir en el futuro de esta medida, ya que busca impugnar la finalización del programa, argumentando que la decisión es «imprudente, cruel y contraproducente».