El gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema autorización para deportar sumariamente a los venezolanos. Esta petición se enmarca en las políticas migratorias implementadas durante su mandato, que buscaban una mayor restricción y agilización de los procesos de deportación. La deportación sumaria implica un proceso más rápido y con menos garantías legales para los inmigrantes. La solicitud probablemente se basa en argumentos de seguridad nacional y control fronterizo, pero podría enfrentarse a críticas por su impacto en los derechos humanos y el debido proceso de los inmigrantes venezolanos.
El gobierno de Donald Trump pidió este viernes al Tribunal Supremo que le permita implementar la ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para así poder deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos venezolanos a una prisión en El Salvador.
La administración de Donald Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley dictado por el juez James Boasberg el 15 de marzo.
La argumentación de la administración es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
El escrito del gobierno señala que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable en el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.
El magnate neoyorquino ha asegurado que la banda venezolana Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país e invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos, a los que las autoridades acusan de ser miembros de Tren de Aragua, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.