Según el Foro Penal, hasta el 14 de abril, había 890 presos políticos en Venezuela. De estos, 800 eran hombres y 90 mujeres. Además, la ONG informó que desconocía el paradero de 61 personas. La información subraya la preocupante situación de derechos humanos en el país y la necesidad de transparencia respecto a la situación de los detenidos. El reporte del Foro Penal refleja un seguimiento constante de la situación de los presos políticos y las violaciones a los derechos fundamentales.
De los detenidos, 800 son hombres y 90 son mujeres. Igualmente, la organización defensora de los derechos humanos, detalló que entre los privados de libertad hay 722 civiles y 168 militares. También precisó que hay 885 adultos presos y 5 adolescentes.
Foro Penal destacó que desde 2014 hasta el momento en Venezuela se han registrado 18.330 detenciones políticas.
Las principales acusaciones contra los presos políticos
Muchos han sido acusados de participar en planes para derrocar al gobierno.
Algunas detenciones se basan en supuestos vínculos con actos de violencia o terrorismo.
Acusaciones de incitar o llevar a cabo actividades desestabilizadoras contra el Estado.En algunos casos, se han utilizado cargos de delitos comunes como robo o asesinato para justificar la detención de opositores políticos.
Estas acusaciones a menudo son cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que son utilizadas para silenciar la disidencia y frenar la oposición política. Además, los procesos judiciales suelen estar marcados por la falta de debido proceso y en muchos casos se realizan en tribunales militares.
Derechos humanos y la represión política
Organizaciones de derechos humanos, como el Foro Penal y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, están documentando casos de desapariciones y presionando por la transparencia en la situación de los detenidos.
Activistas y familiares de desaparecidos realizan campañas para visibilizar las historias de estas personas y exigir justicia, utilizando redes sociales, vigiles y protestas.
Se están brindando servicios legales a las familias afectadas para ayudarles a presentar querellas y buscar recursos legales que permitan aclarar la situación de sus seres queridos.
Hay esfuerzos para involucrar a organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, para que se tomen medidas sobre la situación en Venezuela.
Se están formando grupos de apoyo para familiares de desaparecidos, que ayudan a las familias a conectarse y compartir experiencias y recursos.
Estas acciones buscan no solo ayudar a encontrar a las personas desaparecidas, sino también generar presión sobre el gobierno venezolano para que se respete el derecho a la libertad y la vida.