Según la ONG Espacio Público, los arrestos por expresar opiniones han aumentado un 254% en 2024. Esta alarmante cifra indica un deterioro significativo en la libertad de expresión en el país. El incremento sugiere una creciente represión contra aquellos que expresan sus puntos de vista. Es crucial analizar las causas subyacentes de este aumento, como las leyes restrictivas, la censura o la intimidación, para comprender plenamente el impacto en la sociedad y la democracia. La recopilación de datos por parte de Espacio Público es fundamental para monitorear y denunciar esta situación.
Este aumento del 254% en arrestos por expresar opiniones en 2024, reportado por Espacio Público, indica una grave escalada represiva. El año pasado, se registraron 99 detenciones, lo que sugiere una persecución política intensificada, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales. La represión se dirige a opositores, periodistas y activistas, limitando la libertad de expresión y el debate público. Esta situación vulnera los derechos humanos fundamentales y socava los pilares de la democracia.
La ONG Espacio Público reporta que en 2024 las opiniones censuradas o que llevaron a arrestos abarcan una variedad de temas, incluyendo críticas al gobierno, denuncias de corrupción, expresiones sobre derechos humanos, y opiniones contrarias a las políticas oficiales. También ha habido censura y represión contra activistas, periodistas y ciudadanos que participan en protestas o usan redes sociales para expresar sus puntos de vista.
La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público documentó un preocupante aumento en las restricciones a la libertad de expresión en el país. En el último año, la ONG registró un incremento del 254% en las detenciones de personas por «expresar opiniones», con un total de 99 detenciones. Esta situación afecta principalmente a opositores políticos, periodistas y activistas, lo que sugiere una tendencia preocupante de silenciamiento de voces críticas y una clara limitación de los derechos fundamentales. La información revela un entorno hostil para la libre expresión y el ejercicio de la disidencia.
Del total, 71 de los detenidos fueron «particulares» y 24 «entre periodistas y trabajadores de la prensa», mientras que el «resto de las víctimas estuvo distribuido entre miembros de ONG y trabajadores públicos», señala el informe publicado en su página web.
Además, el informe indica que 28 de las detenciones «se produjeron por el uso de redes sociales o internet» y «al menos 36 bajo acusaciones de supuesta instigación al odio», dijo Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.
Espacio Público advierte que los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 «marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos».
En Venezuela, leyes como la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia y la ley contra la censura y la intimidación han sido utilizadas para justificar arrestos relacionados con opiniones críticas. Además, el Código Penal contempla delitos como la «difusión de información falsa» o «propaganda enemiga,» que en la práctica han servido para reprimir discursos disidentes. La utilización de estos marcos legales, según organizaciones de derechos humanos, suele limitar la libertad de expresión y facilitar la detención de voces críticas.