En el Día de la Libertad de Prensa, se informa sobre la judicialización de periodistas en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, con el Colegio Nacional de Periodistas reportando detenciones y un ambiente hostil. Se denuncia el uso de instrumentos jurídicos para castigar la libertad de expresión y el bloqueo a medios. La situación refleja un contexto de asfixia para la prensa, limitando el ejercicio del periodismo y la difusión de información crítica.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia que al menos 35 periodistas y trabajadores de la prensa se encuentran judicializados en el país: 15 están encarcelados, 12 sometidos a medidas cautelares y otros 8 enfrentando interrogatorios o escapando de órdenes de aprehensión. Por tal razón, la organización alerta sobre el sistemático deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libre prensa en Venezuela y subraya como elemento gravísimo el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo como herramienta para silenciar las voces críticas.
En Venezuela, el gobierno de Maduro ha utilizado diversos instrumentos jurídicos para judicializar a periodistas, incluyendo:
- Ley contra el Odio y leyes de delitos informáticos, que pueden emplearse para acusar a periodistas por su trabajo informativo.
- Legislaciones antiterroristas y otras leyes penales que se usan para imputar cargos relacionados con su labor profesional.
- Ordenes de captura y allanamientos legales que, en la práctica, se usan para presionar o intimidar a los comunicadores.
- Procesos judiciales y demandas civiles para sancionar, multar o intimidar a medios y periodistas críticos.
Estas acciones buscan silenciar, amedrentar o criminalizar el trabajo periodístico, restringiendo la libertad de prensa en el país.
La judicialización y el hostigamiento a periodistas en Venezuela limitan su capacidad para informar libremente. Esto provoca autocensura, disminuye la diversidad de voces y ayuda a crear un clima de miedo que restringe el acceso a información objetiva y crítica. Como resultado, la población recibe una visión sesgada o incompleta de los hechos, afectando la democracia y el derecho a la información.