La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su profunda preocupación por la deportación de aproximadamente 250 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, advirtiendo sobre el riesgo de «desaparición forzada». La ONU denunció la falta de transparencia en el proceso, ya que ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado listas oficiales de los deportados. La ACNUDH también criticó la falta de acceso a asistencia legal para muchos de los venezolanos, lo que impidió impugnar su expulsión. La ONU instó a ambos gobiernos a garantizar la transparencia y respetar los derechos humanos de los deportados.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó este martes 13 de mayo su profunda preocupación por la situación de aproximadamente 250 venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador, y sobre quienes recae la seria advertencia de encontrarse en riesgo de «desaparición forzada».
La falta de asistencia legal puede aumentar el riesgo de desaparición forzada porque impide que los deportados puedan defender sus derechos y alertar sobre posibles abusos o detenciones arbitrarias. Sin asesoría legal, estas personas tienen menos posibilidades de impugnar su expulsión, cuestionar la legalidad de su captura o denunciar condiciones inhumanas, lo que facilita que puedan ser retenidos indefinidamente o desaparecer sin seguimiento oficial. La ausencia de protección legal hace que las autoridades puedan actuar con mayor impunidad, contribuyendo a la gravedad del riesgo de desaparición forzada.
El organismo internacional denunció la opacidad en el proceso, señalando que hasta la fecha ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han hecho públicas listas oficiales de las personas detenidas y trasladadas.
Esta falta de información detallada genera incertidumbre sobre el paradero y las condiciones actuales de detención de los deportados.Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, calificó de «extremadamente preocupante» la forma en que algunos de los venezolanos fueron arrestados y deportados, mencionando incluso el uso de cadenas durante el proceso.
Asimismo, se destacó que un número considerable de estos individuos no tuvieron acceso a asistencia legal, lo que en la práctica impidió que pudieran impugnar la legalidad de su expulsión antes de ser ejecutada.
La Oficina de la ONU advirtió que la «falta de información pública y la opacidad en el proceso podrían constituir violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el riesgo de desaparición forzada», figura considerada una de las más severas en el derecho internacional.
Ante este escenario, la ONU hizo un llamado urgente a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para que «garanticen transparencia, informen sobre la situación de los deportados y aseguren que se respeten sus derechos fundamentales en todo momento».
La ONU generalmente realiza seguimiento a través de campañas diplomáticas, informes públicos, y presiones internacionales. En casos como este, la Oficina del Alto Comisionado puede solicitar a los gobiernos afectados que proporcionen información detallada, realizar visitas de investigación y emitir declaraciones oficiales o recomendaciones. También puede coordinar con organizaciones y actores locales para monitorear el bienestar de los deportados y presionar por transparencia y respeto a los derechos humanos.