«El Ministerio Público se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela frente a estas acusaciones temerarias realizadas por Murillo, que son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano», informó el Ministerio Público en su cuenta de Instagram.
La advertencia de Saab se basa en la consideración de que las acusaciones de Murillo están siendo utilizadas a nivel internacional para «agredir a la Constitución y al pueblo venezolano».
En su declaración, Saab informó que en el caso de Eduardo Torres, contrario a lo que señala este vocero, ha sido detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo.
Eduardo Torres a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas.
Estos mensajes, eran difundidos además por este ciudadano, de forma pública a través de redes sociales. En dicha causa hay varias personas involucradas que ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes.
Este ciudadano, destacó el Fiscal, fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
En este sentido, el Ministerio Público se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela frente a estas acusaciones temerarias realizadas por Murillo, que son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano.
El Fiscal General reiteró que en todos los procedimientos penales del país existe un estricto apego a la legalidad, al debido proceso y los principios de derechos humanos que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
