Los migrantes venezolanos llevan dos meses detenidos en El Salvador, sin detalles claros sobre su situación legal. La información disponible indica la preocupación de sus familias y los esfuerzos del gobierno venezolano por su liberación. Se desconoce el motivo de su detención y las condiciones en que se encuentran, aumentando la incertidumbre sobre su futuro. La megacárcel de Bukele es mencionada, sugiriendo condiciones de alta seguridad.
Este jueves 15 de mayo se cumplen dos meses desde que 238 venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, y hasta la fecha, la situación de estos ciudadanos es incierta. No existe una lista oficial con las identidades de estas personas y solo circularon nombres obtenidos por el medio estadounidense CBS News.
Al Cecot no hay acceso legal ni contacto virtual con los familiares, pero tampoco hay explicaciones claras sobre las acusaciones, pues la mayoría de los familiares niega que existan pruebas para sostener la versión de vínculos con bandas criminales y argumentan que decenas de ellos fueron llevados a El Salvador bajo engaño o que son señalados solo por tener tatuajes.
Hasta ahora, no se han confirmados cargos específicos en público contra los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador. La información oficial es limitada, y muchas veces en estos casos se reportan detenidos por motivos relacionados con inmigración irregular, pero sin cargos formales. La incertidumbre sigue siendo alta, y se espera que las autoridades proporcionen detalles o acusaciones concretas en los próximos días o semanas.
No hay información pública clara sobre la asistencia legal específica que están recibiendo los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador. En situaciones de detención prolongada, normalmente tienen derecho a representación legal, pero los detalles sobre si están siendo asistidos por abogados, organizaciones o defensores de derechos humanos aún no se han difundido ampliamente. La falta de información genera preocupación respecto a sus derechos y condiciones legales.
El gobierno salvadoreño, gobernado por Nayib Bukele, ha mantenido un enfoque de línea dura en temas de inmigración y seguridad, pero en este caso específico, no ha emitido una declaración detallada respecto a la detención de los migrantes venezolanos. La postura oficial parece centrarse en el control migratorio y la seguridad, pero la falta de comunicación clara ha generado incertidumbre y preocupación internacional sobre el trato y los derechos de los detenidos.
Trump sí puede invocar ley de 1789 sobre «enemigos extranjeros», dictamina jueza
Hasta la fecha, varios jueces federales habían rechazado la aplicación de esa norma para justificar la expulsión de migrantes. Sin embargo, este martes, la jueza Stéphanie Haines consideró que el caso «entra dentro del marco» de la ley de los enemigos extranjeros de 1798. La jueza también dictaminó que la administración debe establecer un plazo mínimo de 21 días entre la decisión de expulsión y su ejecución, para que los afectados puedan ser escuchados y eventualmente apelar. Se estima que la Corte Suprema de EE. UU., de mayoría conservadora, podría terminar interviniendo para dirimir esta controversia legal.