La organización Amnistía Internacional instó a la liberación inmediata de los activistas venezolanos, sobre todo el reciente caso del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, perteneciente al Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes 9 de mayo, ilustra la desprotección ante la ley» que impera en Venezuela, denunció en Ginebra la «Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos», que investiga la represión en ese país desde el 2014.
Por otro lado, en un comunicado publicado el sábado 18 de mayo, la organización manifestó su profunda preocupación por la situación de estos defensores de derechos humanos y denunció que sus detenciones representan un patrón de represión sistemática.
“Las autoridades venezolanas deben poner fin de inmediato a estas prácticas y garantizar la libertad inmediata e incondicional de estas personas”, se lee en el comunicado.
Asimismo, la organización subrayó la importancia de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias ni persecuciones arbitrarias como ha pasado con los tres activistas mencionados.
Denuncias de tortura y malos tratos
Amnistía Internacional también exigió que se investiguen las denuncias de tortura y malos tratos en contra de San Miguel, Rojas y Tarazona.
La ONG hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que garanticen la seguridad e integridad física y psicológica de los detenidos.
Situación de los detenidos
Carlos Julio Rojas, periodista y activista, está detenido desde el 15 de abril de este año. Desde entonces, no ha tenido contacto con sus familiares ni ha podido designar abogados de su confianza, según fuentes cercanas al caso.
En el comunicado, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la salud del periodista debido a la falta de comunicación y posible aislamiento.
Por su parte, Javier Tarazona, director de Fundaredes, está preso desde el 2 de julio de 2021. Según denuncias de esa organización, Tarazona ha sido sometido a torturas, lo han dejado incomunicado y se le ha impedido el acceso a un abogado de su elección.
A Rocío San Miguel, quien tiene más de 100 días detenida, le arrestaron luego de recibir acusaciones de conspiración y de haber entregado información sensible a fuentes extranjeras ligadas a los gobiernos norteamericano y europeos.
La defensa de San Miguel ha denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos de su clienta, incluyendo la falta de acceso a un abogado de confianza y la imposibilidad de revisar su expediente para demostrar su inocencia.