Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunciamientos exigiendo al Gobierno venezolano garantizar la vida, salud e integridad física de los presos políticos.
Las denuncias, respaldadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de los detenidos, alertan sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de reclusión y violaciones al debido proceso.
El informe de la CIDH del 11 de abril condenó la incomunicación de al menos 903 presos políticos y exigió su liberación inmediata.
Amnistía Internacional denunció la tortura y desaparición forzada de detenidos, calificando estas prácticas como crímenes de lesa humanidad.