Políticas públicas humanas son esenciales para el bienestar social sostenible.
Resulta indispensable, en este mundo convulso y polarizado en que nos ha tocado vivir, detenerse a reflexionar sobre los mecanismos que pueden permitir a nuestras sociedades alcanzar el bienestar social.
Como bien apunta José Antonio Quintero Contreras en su investigación “Políticas púbicas con enfoque en derechos humanos”, el debate sobre cómo lograr ese bienestar no puede desligarse de la lupa y la guía de los derechos humanos, esas garantías mínimas que nos corresponden por el simple hecho de existir.
Cabe preguntarse, ¿cómo se traduce ese postulado en la praxis de la gestión pública? ¿Quiénes son los responsables de que la promesa de los derechos humano deje de ser una aspiración retórica y ser convierta en realidad tangible para los pueblos de América Latina?
Quintero Contreras, sostiene que la construcción y el estudio de políticas públicas con enfoque de derechos humanos es una tarea pendiente de “todos los actores a quienes concierne: gobierno, sociedad, asociaciones civiles, iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, universidades y think thanks” (centros de pensamiento, laboratorios de ideas, institutos de investigación).
¿Por qué tal afirmación? Porque el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas no es un simple adorno conceptual, ni una moda pasajera de la academia o la cooperación internacional. Es, más bien, un imperativo ético, político y jurídico que exige la participación activa y corresponsable de todos los sectores. Es, según este autor, una tarea colectiva, inacabada y urgente.
Ahora bien, si miramos con atención el trabajo de Daniel Vásquez y Domitille Delaplace, titulado “Políticas púbicas con perspectiva de derechos humanos: un campo en construcción”, encontramos una afirmación que complementa y profundiza la tesis de Quintero Contreras: el enfoque de derechos humanos en las políticas púbicas es, efectivamente, un campo en construcción.
¿Qué significa esto? Que no existe, todavía, un consenso definitivo sobre los marcos teóricos, metodológicos y operativos que deben guiar la integración de los derechos humanos en el ciclo de las políticas públicas. La literatura es rica en propuestas, pero escasa en sistematización. Los avances normativos, aunque relevantes, no siempre se traducen en transformaciones institucionales o en impactos concretos en la vida de las personas.
Vázquez y Delaplace invitan a mirar el proceso de incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas como un proceso dinámico, lleno de tensiones, aprendizajes y desafíos.
No basta con enunciar principios o adoptar declaraciones solemnes. Se requiere, ante todo, repensar la propia lógica de la política pública, pasar de una visión tecnocrática, centrada en la eficiencia y la eficacia, a una perspectiva que ponga en el centro a la persona, reconozca la diversidad, la igualdad y la no discriminación, y garantice la participación efectiva de los titulares de derechos.
Este tránsito, como bien lo advierten los autores, está lejos de ser lineal o automático. Implica disputas de poder, resistencias burocráticas, inercias institucionales y, en muchos casos, la necesidad de construir capacidades y consensos desde abajo.
La comparación entre ambas posturas revela un punto de encuentro fundamental: la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos no es un destino alcanzado, sino un camino en permamente construcción. Es un proceso que demanda apertura, diálogo, innovación y, sobre todo, voluntad política.
En este contexto, los esfuerzos del Instituto de Políticas Púbicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adquieren una relevancia estratégica. El IPPDH ha venido impulsando, desde hace más de una década, la formación de capacidades estatales y sociales en ese sentido.
La Corte IDH, por su parte, ha ido más allá de la mera declaración de violaciones, en sus sentencias, ha ordenado a los Estados la adopción de políticas públicas orientadas a la reparación integral de las víctimas, la prevención de nuevas violaciones y la garantía de no repetición.
Cumplir con estas sentencias implica, ineludiblemente, la construcción de políticas públicas robustas, participativas, sensibles a la diversidad y alineadas con los más altos estándares internacionales. Empero, y aquí radica el meollo del asunto, el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH es también “otro campo en construcción”.
En tiempos de incertidumbre y polarización, apostar por políticas públicas con enfoque de derechos humanos es quizás, el acto más subversivo y esperanzador que podemos emprender. Eso sí, no hay recetas mágicas ni atajos.