El gobierno de Trump emitió una advertencia sobre la tarjeta verde, indicando que la residencia legal no es un derecho, sino un privilegio que puede ser revocado.
La agencia CBP enfatizó que tener una tarjeta verde no garantiza la permanencia. Las personas deportadas bajo este programa podrían ser detenidas y deportadas sin comparecer ante un juez.
Este enfoque pone de relieve la importancia de cumplir estrictamente con las leyes de inmigración y el impacto potencial de acciones consideradas infracciones.
Departamento de Seguridad Nacional advirtió que residentes permanentes con antecedentes, incluso leves, pueden enfrentar detención obligatoria al regresar a EE.UU.
En paralelo, el Congreso aprobó un presupuesto de \$75.000 millones para reforzar a ICE, expandir centros de detención y aumentar cooperación local, lo que ha generado alarma entre comunidades latinas y defensores de derechos civiles.
Organizaciones advierten que esta ofensiva podría provocar la pérdida de millones de empleos y fracturar comunidades.
A la par, el plan «Trump Gold Card» busca ofrecer residencia a cambio de inversiones millonarias, mientras crecen los reclamos legales por la revocación de derechos sin debido proceso.