La crisis de refugiados de Venezuela es la peor que se ha experimentado en América Latina. En los últimos quince años, más de cinco millones de venezolanos, una cifra que equivale al 16 por ciento de la población, han abandonado su país. Para fines de este año, seis millones de venezolanos habrán salido de Venezuela.
Una reciente sentencia de la Corte Constitucional reveló fallas graves del sistema de refugio colombiano, luego de que la familia Obi, proveniente de Nigeria, pasara cuatro años esperando una decisión sobre su solicitud. El Estado negó su estatus de refugiados en 2022, no ofreció un visado alternativo y tampoco reconoció la nacionalidad colombiana de la hija menor, nacida apátrida en el país. Aunque la Corte les dio la razón, la familia ya había emigrado a Canadá.
El caso refleja una crisis estructural. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita a Refugiados advierten que Colombia enfrenta un colapso del sistema, con casi 30.000 solicitudes pendientes, la mayoría de ciudadanos venezolanos. Las demoras superan los tres años, y aunque el proceso permite acceder al sistema de salud, aún no se implementa el permiso laboral aprobado. La falta de respuestas y las condiciones precarias empujan a muchos a abandonar sus solicitudes.
La Cancillería colombiana acusa a los solicitantes, especialmente venezolanos, de abusar del sistema al usarlo como vía de regularización migratoria. Sin embargo, oenegés y expertos señalan que el Estado aplica una interpretación restrictiva que contradice normas internacionales como la Declaración de Cartagena. Para muchos, el sistema está diseñado para el desgaste, con trabas burocráticas, entrevistas fallidas y requisitos inalcanzables.
Nuevas opciones como el Permiso por Protección Temporal y una visa lanzada por el Gobierno en 2024 presentan obstáculos similares: exigen pasaporte, pago de tasas y antecedentes penales, condiciones imposibles para quienes huyen en circunstancias extremas. Expertos subrayan que los problemas del sistema van más allá del caso venezolano y afectan a todos los solicitantes en situación de vulnerabilidad.