Rocío San Miguel, detenida en Venezuela desde febrero de 2024, es el foco de llamados a su liberación y al respeto de sus derechos fundamentales.
Se denuncia su detención como un secuestro político por parte del régimen de Maduro, junto con otras mujeres presas.
La exigencia principal es una medida humanitaria y su libertad, buscando que pueda recuperar su vida. Medios afines al gobierno venezolano han difundido información falsa sobre su caso.
Hasta cuando tiene que pagar esta mujer por algo que estos delincuentes inventaron. Libertad ya para Rocio San Miguel. Por una 🇻🇪 libre de delincuentes ya.
Se reclaman varios derechos fundamentales para Rocío San Miguel, entre ellos: Se exige su inmediata libertad, considerando su detención como arbitraria y política, lo cual viola su derecho a no ser detenida arbitrariamente según la Constitución venezolana y los estándares internacionales de derechos humanos.
Derecho a un juicio justo: Se pide que se respeten sus derechos a un proceso legal justo, transparente y sin demora, en caso de que existan cargos en su contra.
Derecho a la integridad física y personal: La comunidad y organizaciones solicitan que se garantice su integridad física, evitando cualquier forma de tortura o maltrato.
Derecho a la información y a la defensa: Es fundamental que tenga acceso a información clara sobre su situación y a un abogado de su elección.
Derecho a la libertad de expresión y activismo: Rocío San Miguel es una activista y defensora de los derechos humanos, por lo que su detención también se considera una violación a su derecho a expresar ideas y a participar en actividades pacíficas en defensa de la democracia y los derechos humanos.
No existen informes verificables o cargos oficiales impuestos a Rocío San Miguel relacionados con actividades criminales. Sin embargo, en los últimos meses ha habido información propagada por medios oficiales y oficiales venezolanos que la señalan con acusaciones que algunos califican como infundadas o políticas, pero no se ha confirmado ninguna imputación formal por delitos específicos en su contra.