Organizaciones de derechos humanos denunciaron este viernes la detención de la activista colombo-venezolana Martha Lía Grajales, directora de la ONG SurGentes, poco después de participar en una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas.
La concentración se realizó en solidaridad con familiares de personas detenidas tras las protestas ocurridas en Venezuela en 2024.
Según Provea, Grajales fue interceptada por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un retén policial ubicado a pocos metros del lugar de la protesta. La activista fue obligada a abordar una camioneta gris sin placas, y hasta el momento se desconoce su paradero. Las autoridades venezolanas no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.
La detención ocurre pocos días después de que Grajales fuera víctima de agresiones físicas por parte de grupos armados no identificados durante una vigilia convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). SurGentes había denunciado que dicha protesta, realizada el martes 5 de agosto, fue dispersada por un grupo parapolicial de aproximadamente 70 personas, identificados como colectivos afines al gobierno.
“Martha Lía Grajales, activista de SurGentes, fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ”, publicó Provea en la red social X.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó su preocupación por la detención, señalando que se trata de una represalia directa contra la labor de defensa de derechos humanos que realiza Grajales.
La vigilia del martes fue organizada por unos 50 familiares de detenidos, en su mayoría madres, al cumplirse un año de los arrestos ocurridos tras las elecciones de julio de 2024.
Las manifestaciones posteriores a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por sectores de la oposición, dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Según cifras oficiales, unos 2.000 de ellos han sido excarcelados.
Los detenidos enfrentan cargos como “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años de prisión, la máxima establecida en el sistema penal venezolano.
Crédito de la foto: EFE
AFP
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