Los diputados AN 2015, Ramón López y Jorge Millán integrantes de la Mesa de Negociaciones, en representación de Primero Justicia (PJ), de Julio Borges, saltaron de AD, donde profesaban una ideología socialdemócrata, llegando a ocupar el cargo de secretario Juvenil en 1985, de la seccional Caracas, en tiempos del gobierno de Jaime Lusinchi y Blanca Ibáñez; allí Jorge Millán era integrante del buro juvenil nacional AD, en la oportunidad, que Liliana Hernàndez desempeñaba el cargo de Secretaria Juvenil Nacional, ambos a posteriores saltaron a la incipiente organización PJ, fundada en el 2000, por Julio Borges, Leopoldo López y Henrique Capriles, quienes abrazaron una ideología de centro derecha y en el caso de López, es menester recordar que es hermano de Òscar López, altamente influyente en PJ, por cuanto era quien manejaba las finanzas de PJ y de Capriles, en sus 2 campañas municipales en Baruta, así cómo en las 2 regionales mirandinas y las 2 presidenciales 2012 y 2013, donde según algunos manejó los recursos aportados por ODEBRECHT, a la campaña de Capriles.
En este vídeo, se refleja, la honda preocupación aparte de la ausencia de legitimidad política de quienes integran la comisión negociadora en representación de PJ y VP, en el caso de López, se anuncia la derogación o reformas de al menos, 6 leyes restrictivas, que permitan garantizar las libertades ciudadanas y revertir normal coercitivas, entre estas, se citan las siguientes:
Ley contra el Odio; Ley de las ONG; Ley Contra el Finançiamento al Terrorismo y la Ley de Extinción de Dominio.
En cuanto a està última, a mi entender luce descabellada incluir esta Ley, para su derogación, ya qué una vez aprobada por el oficialismo en abril 2023, se percataron de que se habían colocado un cuchillo en su propio pescuezo, y por tal razón, es que la misma, se mantiene engavetada su aplicación, pues las disposiciones transitorias señalan la obligatoriedad de la Fiscalía y del TSJ crear las Fiscalías regionales y los Tribunales especializados en materia de Extinción de Dominio; debido a que el objetivo de la misma, es recuperar los bienes y recursos obtenidos de manera ilícita por funcionarios públicos inescrupulosos, para transferirlo al patrimonio publico, es decir es un mecanismo de persecución civil y patrimonial independiente del proceso penal, para así combatir la corrupción; asa como el espíritu y propòsito de està Ley, es qué con los recursos, dineros e inmuebles recuperados a través de estos procesos judiciales, deben ser orientados obligatoriamente a financiar políticas públicas nacionales como en infraestructura publica, que amerita ser atenuada con prontitud cómo la reconstrucción de las zonas afectàdas recientemente por el doble sismo.
El argumento, que señala el dip. López es que esta Ley con su puesta en pràctica, el oficialismo pudiese arremeter contra el derecho a la propiedad privada, ya que no estaría consolidado y por lo tanto el Estado controlado por el Rodrigato, estaría facultado para extinguir dicho dominio.
A mi parecer, luce contradictorio por cuanto, ya es público y notorio según anuncios de los 2 sectores negociadores, que en Octubre, tendremos un TSJ, totalmente renovado e institucional, de ser así, no habrá temor alguno de que està Ley, la utilice el régimen, para retaliaciones, sinó qué por el contrario, se pudiesen recuperar miles de millones en bienes y recursos obtenidos indebidamente por funcionarios públicos rojos rojitos, azules, amarillos y blancos, y su clan de testaferros, presentes en los 3 niveles de la administración pública (Nacional, Regional y Municipal), que groseramente sin desparpajo alguno, muestran sus riquezas obtenidas súbitamente o sobrevenidamente luego de su pasantía por un cargo público.
De tal manera, que si valoramos la importancia de aplicar està Ley, serán muchos los recursos.,que se recuperarán para atender graves carencias, por ejemplo en la ausencia de equipos médicos como resonadores, tomógrafos, mamógrafos, rayos X e insumos y medicamentos en la red ambulatoria y hospitalaria nacional.
El ingeniero Rubén Morales, como Contralor Itinerante y líder del Frente Anticorrupción, ha destacado la necesidad de evitar que sectores como la mesa de negociaciones pretenda reformar o derogar leyes, que favorezcan la impunidad, incluida la Ley Orgánica de Extinción de Dominio; por lo que sugiere una estrategia de transición, mediante mecanismos legales, que combatan la corrupción y la acumulación ilegal de patrimonio. Su enfoque busca fortalecer la rendición de cuentas y reforzar la gobernanza mediante herramientas legales efectivas.