El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que durante la madrugada del #29Oct al menos 27 funcionarios castrenses fueron trasladados desde el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.
Según pudo conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 72 presos comunes que también están apresados en Cepropemil protestaron en la madrugada y rompieron rejas e ingresaron a la cancha con la intención de acceder a los militares y policías detenidos, a quienes recientemente habían amenazado con secuestrar si no obtenían respuestas concretas a sus exigencias y ante un supuesto brote de tuberculosis en la celda luego de un traslado de reclusos de Barinas.
El pasado 21 de octubre, los militares presos iniciaron una huelga de hambre para exigir seguridad en sus celdas porque habían sido amenazados de ser secuestrados y advertidos por los custodios de recibir «una sorpresita».
El pasado 17 de octubre ocurrió un motín en el que «los civiles, sujetos de alta peligrosidad, trataron de agredir a los funcionarios (presos) y los amenazaron con un segundo motín para agredir a los presos políticos».
Los familiares de los funcionarios detenidos hicieron responsables a las autoridades del centro de reclusión de lo que les pudiera ocurrir.
El OVP conoció que 72 presos comunes y ocho funcionarios policiales también fueron trasladados al Centro Penitenciario de Yare, ubicado en el estado Miranda.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado que Cepropemil «no cuenta con las condiciones mínimas para recluir personas privadas de libertad», principalmente porque la estructura no ha sido concluida y en vez de paredes, hay rejas, «como si se tratara de una jaula gigante».
De los 27 militares detenidos trasladados, cuatro son considerados presos políticos y fueron quienes en enero de 2019 e intentaron tomar por la fuerza el comando de la Guardia Nacional de Cotiza para desconocer al mandatario Nicolás Maduro en medio de una ola de manifestaciones antigubernamentales, pero ante el fracaso de su movimiento, recibieron penas de hasta 15 años de prisión.
El sargento mayor de la Guardia Nacional Luis Bandres Figueroa, que lideró la intentona, fue condenado a quince años y nueve meses de cárcel por «motín» e «instigación». Los demás recibieron pena de siete años y nueve meses.
Bandres ha sido víctima de un traslado arbitrario por parte del general Luis Ojeda, director de Dispemil (Dirección General de Servicio Penitenciario Militar).
El informe de la ONU: El caso del sargento Luis Bandres Figueroa
A Bandres lo golpearon con un bate y le dieron patadas, incluso en los testículos. Lo asfixiaron con una bolsa, lo electrocutaron en diferentes partes blandas de su cuerpo incluyendo detrás de las orejas y en los testículos.
Cuando fue presentado ante el tribunal, Bandres Figueroa mostraba signos de tortura. Fue llevado con ropa sucia, lleno de excrementos y vómitos. Ni el juez, ni el fiscal, ni el defensor público se dieron por enterados, ninguno pidió que se hiciera una investigación sobre lo que había ocurrido en la detención en la DGCIM.
En desarrollo…