A fin de retomar los diálogos de paz y reactivar la mesa de negociación, delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán en Caracas del 1 al 7 de noviembre.
La intención de la reunión es superar la crisis constante en la que está mesa desde el 2023 y desde agosto pasado, cuando se venció el cese al fuego nacional.
El Gobierno pondrá sobre la mesa temas cruciales, incluyendo la participación ciudadana en el proceso de paz y dinámicas humanitarias. Se plantearan temas como reactivar el cese al fuego con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, la Participación y dinámicas humanitarias. Es posible que no todos los temas queden resueltos, pero quedarán planteados para nuevos encuentros.
La funcionaria también destacó que uno de los objetivos de esta reunión es entender hasta qué punto el ELN está dispuesto a avanzar en la mesa con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En la próxima reunión con el ELN esperamos reactivar la Mesa, abordar los factores de la crisis y ver cómo se normalizan las actividades de la Mesa. Queremos abordar hasta dónde quiere el ELN avanzar con este Gobierno.
El contexto para esta reunión en Caracas surge tras un cruce de cartas entre ambas partes, en el que se reiteró la voluntad de continuar con el proceso y desbloquear los puntos críticos que han dificultado el avance en los diálogos.
En un comunicado, la Delegación del Gobierno expresó su disposición para el encuentro: Aceptamos la invitación (del ELN) para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana.
La importancia de la participación de la sociedad como elemento central en el proceso de paz. La participación de la sociedad es corazón del proceso y tiene acordada una ruta hacia un plan de transformaciones, de manera que sus propuestas
Se trata de la trigésimo segunda ocasión que en el seno de la ONU se debate y delibera en condena dicha política que algunos países calificaron como la mayor violación hacia los derechos humanos en Cuba.