Potencias regionales desde EE.UU. a Colombia y Brasil han puesto en duda la victoria de Maduro, mientras que la líder de la oposición María Corina Machado dice que tiene pruebas de que su candidato suplente derrotó al autoritario titular por un amplio margen en la votación del domingo.
Pero los analistas dicen que todo eso puede no importar mucho mientras las fuerzas armadas, durante mucho tiempo el árbitro clave del poder de la nación, no estén dispuestas a romper filas.
Durante los 11 años de Maduro en el poder, las fuerzas de seguridad de Venezuela se han mantenido en gran medida a su lado. Reprimieron las protestas nacionales que estallaron en 2014 y 2017 tras los abusos electorales del pasado.
A cambio de su lealtad, Maduro ha recompensado a las fuerzas armadas.
En América Latina se han realizado esfuerzos por promover sistemas democráticos sostenidos en el ejercicio del poder basado en la Constitución y las leyes, en el marco del Estado de derecho. Sin embargo, durante las casi dos décadas del siglo xxi, en varios países se han desarrollado modelos de gobernabilidad autoritaria. Las evidencias muestran que estos pueden darse en un marco de una institucionalidad democrática formal, pero con gobiernos personalistas y caudillistas o basados en las Fuerzas Armadas como fuente del uso abusivo del poder. El caso venezolano es emblemático en este sentido. Luego de dos intentos de golpe de Estado en 1992, la actual elite, bajo el liderazgo del expresidente Hugo Chávez, llegó al poder por la vía electoral tras vencer en los comicios de diciembre de 1998. Aunque en distintas etapas, se dio inicio a un proceso de gobernabilidad autoritaria, acompañado por la creciente militarización de la sociedad. A grandes rasgos, existe una diferencia respecto al papel de los militares en los periodos de los gobiernos de Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (en la Presidencia desde 2013).
Durante el gobierno del presidente Maduro, su gabinete ejecutivo ha tenido un promedio de más de 30% de carteras ocupadas por militares activos o retirados. Entre las más importantes, nuevamente contraviniendo las premisas de un control democrático, están las de Defensa, así como el despacho de Interior, Justicia y Paz, todas bajo el mando de militares activos. Pero pese al dominio que han tenido los militares sobre las instancias de seguridad ciudadana, aunque no existen cifras oficiales, el número de homicidios y la violencia se han incrementado anualmente. En este sentido, hay discrepancias entre los datos oficiales y los de diversas organizaciones no gubernamentales (ong) que efectúan seguimiento de la violencia en el país.
El avance del papel político de los militares durante los últimos 18 años ha conducido a la erosión del control democrático sobre el sector de seguridad y defensa. Como se señaló anteriormente, existen debates sobre si este proceso podría considerarse un ejemplo de un nuevo tipo de régimen militar.
Sin embargo, tanto nacional como internacionalmente, hay un consenso sobre la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, así como denuncias sobre la participación de algunos de sus funcionarios –de alto, mediano y bajo rango– en actividades de narcotráfico y crimen organizado transnacional y en contrabando de gasolina, alimentos y tráfico de personas, especialmente en la frontera colombo-venezolana.
Se hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No dejen que se les utilice como herramienta de presión política.