Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó a Venezuela “a tomar medidas para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo” en el país. El llamado de la representante de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH) se produjo el 20 de marzo, durante la presentación de la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Al-Nashif expresó su preocupación por la persistencia de las violaciones de derechos humanos a pesar de la liberación condicional de algunas personas tras las detenciones que se produjeron luego de las elecciones presidenciales. “Según funcionarios del Estado, 2.006 personas han sido puestas en libertad. La sociedad civil rebaja esa cifra a 1.485 personas. No obstante, lamentablemente, las detenciones arbitrarias prosiguen”, señaló.
Detenciones arbitrarias y falta de independencia judicial
También denunció que la independencia del sistema judicial no se respeta ni se garantiza, y que las leyes de lucha contra el terrorismo se utilizan ampliamente para detener y juzgar a personas, vulnerando las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a elegir un abogado. Asimismo, expresó su inquietud por los informes de tortura y maltrato en centros de detención como Rodeo I, así como por el hacinamiento y la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados, lo que ha provocado la muerte de al menos tres personas bajo custodia. “Exhortamos a las autoridades a garantizar el respeto de las normas internacionales, a que se ponga fin a la detención arbitraria, a que se ponga libertad a los que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos defensores de derechos humanos, investigadores, miembros de partidos políticos y sus familiares y personal humanitario de ONG”, afirmó.
Restricción del espacio cívico y ataques a la libertad de expresión
Asimismo manifestó su preocupación por las desapariciones forzadas, la restricción del espacio cívico y el clima de temor e intimidación que silencia a defensores de derechos humanos, periodistas y otros disidentes. “Ante este contexto, el espacio cívico sigue siendo restringido gravemente, en un clima de temor e intimidación, de persecución que está silenciando a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros que son percibidos como disidentes, lo cual limita el ejercicio de la libertad de expresión”, denunció. La oficina instó a la derogación de leyes que restrinjan la libertad de expresión y reunión, y a garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo.
Crisis humanitaria y desprotección de los pueblos indígenas
Además, la OACNUDH destacó la persistencia de una elevada inflación que afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, así como las dificultades para acceder a servicios de salud, trabajo decente y un nivel de vida adecuado. La situación es aún más grave para los pueblos indígenas, quienes enfrentan mayores riesgos de enfermedades y sufren el impacto de la minería ilegal en sus territorios. “Las operaciones militares para combatir estas prácticas deben respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido el consentimiento libre previo informado”, enfatizó.
Atención urgente
La OACNUDH reiteró su compromiso de apoyar la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela y exhortó a las autoridades a permitir el pronto retorno de su personal al país. Asimismo, instó a una reforma constitucional transparente, participativa e inclusiva que respete las normas internacionales de derechos humanos. La situación en Venezuela requiere una atención urgente y un compromiso renovado con la defensa de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos.