El periodista Gustavo Azócar alertó sobre una orden de captura en su contra, dictada por el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial del estado Táchira, por un proceso penal en el que sus abogados no han podido tener acceso al expediente, en vulneración del derecho a la defensa.
En la orden se acusa a Azócar por los presuntos delitos de promoción o incitación al odio y revelación indebida agravada de información personal, entre otros. La misma fue divulgada en redes sociales por un periodista local, vía por la cual también fue de conocimiento de Azócar.
De acuerdo con Azócar, la orden se relaciona con publicaciones que hizo en la red social Instagram el año pasado sobre el presunto vínculo de un ganadero tachirense, Waldo Rujano Mora, con un narcotraficante colombiano que fue asesinado en 2019, conocido como “Ñeñe” Hernández.
“Me envían fotos por correo del ganadero Rujano con la esposa del Ñeñe Hernández y un montón de información de las empresas y los negocios que Rujano tenía en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Cuando me pongo a googlear, me doy cuenta de que muchas de esas denuncias ya aparecían en otras páginas”, dijo el periodista.
Tras verificar y recopilar más información sobre esa historia, Azócar decidió publicar la noticia en su cuenta de Instagram, pero a los dos días lo contactó un hijo del ganadero pidiéndole un derecho a réplica para “aclarar la situación”. Sin embargo, la familia de Rujano Mora nunca le envió su versión ni lo contactó nuevamente.
A comienzos de este año, el periodista Gustavo Azócar recibió una notificación de un tribunal informando que el ciudadano Waldo Rujano lo había demandado. “Yo hablé con mis abogados, fueron al tribunal para ver si les daban copia del expediente, pero nunca nos la dieron. Es decir, yo no tengo ni idea de qué fue lo que puso en su denuncia el señor Rujano contra mí”, dijo Azócar a Espacio Público.
La orden de aprehensión en contra del periodista Gustavo Azócar representa una violación de su derecho a la libertad de expresión, así como a la defensa, a un juicio justo y al debido proceso. Por otra parte, Azócar comentó que no es la primera vez que es víctima de persecución: “Estuve preso en 2006 (15 días). Luego fui preso en 2009 (8 meses). A comienzos de 2024 una diputada del PSUV me denunció en la Fiscalía”.
En casos donde pueda ser comprometida la reputación de una persona, los mecanismos adecuados para resguardar el derecho a la libertad de expresión contemplan el derecho a réplica.
Azócar esperó el texto para otorgar el derecho a réplica a la familia Rujano Mora, actuando dentro de los estándares que le obliga la ley. Los casos penales son herramientas excesivas que, en situaciones como ésta, vulneran el derecho a la libertad de expresión y funcionan como un mecanismo de censura al gremio periodístico, agregando riesgos a la profesión.
Exigimos que cese el hostigamiento judicial contra Gustavo Azócar, además de garantizar el cierre del proceso respetando el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, a un juicio justo en libertad y al debido proceso.