Albert Maíz Nadales, quien se desempeñaba como director de la Oficina de Identificación y Registro Civil del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido objeto de una denuncia por desaparición forzada y detención arbitraria. Fue detenido en noviembre y posteriormente acusado de cargos graves, incluyendo traición a la patria y terrorismo. La familia de Maíz Nadales se enteró de su presentación ante tribunales en marzo, donde compareció sin representación legal. La ONG PROVEA ha denunciado su situación.
Los familiares del funcionario del CNE, Albert Martín Maíz Nadales denunciaron que está desaparecido de manera forzosa desde el pasado mes de noviembre, y solicitaron a las autoridades que informen su sitio de reclusión, permitan entregarle las medicinas que necesita y tener contacto con él.
Al parecer fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según Provea.
Pero el 16 de diciembre les informaron que el funcionario del CNE ya no se encontraba en esa sede y supuestamente había sido trasladado a la cárcel de El Rodeo I.
El Dgcim dice que él ya no está allí. Sus familiares han recorrido varios centros de reclusión, pero no han obtenido respuesta. Incluso en El Rodeo I no les dejaron preguntar por Maíz Nadales.
El 20 de marzo. la familia se enteró que fue presentado ante el Tribunal 2.º de Terrorismo y acusado de los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. No se les permitió designar un abogado privado.
«Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del defensor público, no nos han permitido verlo. No nos han permitido ingresarle sus medicinas, todos los derechos se les están violando. Queremos respuestas de los organismos Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y de la Sala Constitucional del TSJ (…) Solicitamos su liberación, solicitamos un abogado privado ya que el abogado que le asignaron me dice que él no puede dar información sobre el caso», reclamó Bianggi Maíz.
Provea visibilizó la demanda y recordó que la desaparición forzada «está prohibida por la Constitución de Venezuela. Ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas».
La organización también exigió su liberación, «el respeto al debido proceso y que pueda recibir tratamiento médico adecuado».