Los expertos afirman que el presidente Nayib Bukele tiene el poder pero no el interés de devolver a un hombre deportado de Maryland a El Salvador por error. Durante una rueda de prensa; medios de comunicación estadounidenses preguntaron sobre las presentes cooperaciones entre Estados Unidos y El Salvador, en respecto a la seguridad y operativos antiterroristas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se puso del lado del gobierno de Donald Trump y dijo este lunes que no devolverá a un migrante salvadoreño, a quien las autoridades estadounidenses deportaron por error desde Maryland el mes pasado, una expulsión que desencadenó una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema.
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“¿Cómo voy a introducir clandestinamente a un terrorista en Estados Unidos? No tengo el poder”, dijo Bukele, sentado en el Despacho Oval junto a un radiante Trump.
Los expertos latinoamericanos se burlaron de la idea de que Bukele, cuyo gobierno ha ordenado detenciones masivas y tomado el control de los tribunales del país, sugiriera que no podría devolver a un hombre, aunque quisiera.
“No tengo palabras”, dijo Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de derechos humanos. “Si aún tiene algún compromiso al sistema democrático, tiene una obligación a resolver este caso”.
Una jueza federal de Maryland ordenó el regreso del migrante, Kilmar Armando Abrego Garcia, a Estados Unidos, una decisión que la Corte Suprema confirmó por unanimidad la semana pasada.
Al negarse a devolver a Abrego Garcia, Bukele se está alineando con el gobierno de Trump y sus planes de deportación, ayudando a cimentar una estrategia para hacer frente a los desafíos legales. El gobierno de Estados Unidos argumenta que los deportados a El Salvador pertenecen a pandillas terroristas y que después de entregar a los hombres a una nación extranjera soberana, no tiene derecho a interferir.
En el proceso, el gobierno cuenta con la cooperación de Bukele y en lo poderoso que se ha vuelto en su país desde que asumió el cargo en 2019.
“A lo largo de su gobierno, el presidente Bukele se ha hecho con el control de las instituciones del Estado y ha eliminado cualquier control sobre el poder”, afirmó Noah Bullock, director ejecutivo del grupo salvadoreño de derechos humanos Cristosal.
Según Bullock y otros, Bukele tiene un extraordinario grado de control sobre las personas encarceladas debido al estado de excepción que impuso —y que ha prorrogado en repetidas ocasiones— y que suspende los derechos procesales normales.
En virtud del estado de excepción, instaurado tras varios asesinatos en 2022, se calcula que 85.000 salvadoreños han sido objeto de detenciones masivas, según los grupos de derechos humanos.
Las duras medidas de Bukele, a las que se atribuye el desmantelamiento de pandillas violentas y la drástica reducción de la delincuencia en El Salvador, le han granjeado altos índices de aprobación en su país y admiradores en toda América Latina y fuera de ella.
Bajo el estado de emergencia, los recursos de habeas corpus —órdenes legales destinadas a garantizar que las personas no son encarceladas ilegalmente— son ignorados de forma rutinaria. De las 7200 demandas de habeas corpus presentadas ante la Sala de lo Constitucional de El Salvador, menos del 1 por ciento se han resuelto, según el grupo de Bullock.
“Y ése es, por desgracia, el agujero negro judicial en el que se encuentra ahora Kilmar”, dijo Bullock.
Abrego Garcia, de 29 años y padre de tres hijos, había entrado de forma ilegal en Estados Unidos, pero un juez le concedió permiso legal para permanecer en el país, y nunca fue acusado ni condenado por pertenecer a una pandilla, cosa que él negó.
El martes, la jueza federal de su caso en Maryland reprendió al gobierno por no haber hecho nada para asegurar su liberación. El mismo día, Stephen Miller, el principal asesor de política interior de Trump, dijo que la deportación de Abrego Garcia había sido, de hecho, deliberada y legal.
Según funcionarios estadounidenses, Abrego Garcia está siendo alojado con cerca de otros 290 detenidos que se sabe que el gobierno de Trump ha enviado a la llamada megaprisión de Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en las afueras de San Salvador, la capital.
Aunque la mayoría son venezolanos acusados de estar afiliados a la pandilla Tren de Aragua, varias decenas son salvadoreños.
La mayoría de los deportados carecen de antecedentes penales graves y fueron detenidos en los últimos meses sobre una base de pruebas poco sólidas, como tatuajes y prendas de vestir que, según el gobierno, son prueba de vínculos con pandillas.
El gobierno de Estados Unidos expulsó a algunos de los hombres en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga al presidente el derecho a deportar a personas que supongan un riesgo para la seguridad en tiempos de guerra. Pero muchos fueron deportados en virtud de la ley de inmigración estadounidense ordinaria, incluido Abrego Garcia.
Se han presentado recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en nombre de los deportados, sin resultado alguno. Muchos de los hombres tienen abogados estadounidenses, que afirman no haber recibido ninguna información sobre sus clientes de las autoridades estadounidenses o salvadoreñas, ni siquiera sobre si están vivos.
En El Salvador, las vías legales para conseguir la libertad de Abrego Garcia “se han agotado”, afirmó Méndez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Prácticamente la única vía que quedaba para conseguir la liberación de Abrego Garcia en El Salvador, dijo, era la “presión diplomática”.
A cambio de retener a los detenidos enviados por Estados Unidos, Bukele ha declarado que el gobierno estadounidense le paga 6 millones de dólares.
La reciente operación de deportación del gobierno de Trump ha puesto al líder salvadoreño en el punto de mira. En todo caso, según los expertos, la atención y el apoyo del gobierno lo han envalentonado.
Cuando un periodista preguntó a Bukele el lunes si consideraría la posibilidad de liberar a Abrego Garcia, respondió: “Sí, pero no lo voy a liberar”.
Y continuó: “No nos gusta mucho soltar terroristas en nuestro país. Apenas convertimos la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental, ¿y quieren que volvamos a soltar criminales?”.
Julie Turkewitz y Hamed Aleaziz colaboraron con reportería.
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