En reunión realizada en la sede de Corpoelec (San Bernardino), del órgano superior del transporte, con la presencia del ministro del transporte y estando presente la pluralidad de los representantes gremiales del sector transporte de todo el país, se aprobó casi por unanimidad, la tarifa de veinte y cinco (25 Bs.), bolívares, cómo tarifa mínima, un incremento de siete bolívares (7 Bs), en relación al aumento anterior de dieciocho bolívares (18 Bs.)
Sólo la representación del comando Intergremial del transporte, manifestó su desacuerdo con la propuesta prestada.
El argumento esgrimido por los proponentes del acuerdo es el reconocimiento tácito de la imposibilidad del estado venezolano (en la actualidad), de mejorar sustancialmente los ingresos de los venezolanos, de controlar la inflación, detener la creciente devaluación de la moneda nacional y propiciar, generar mejoras sustanciales en la economía venezolana, condición primaria, fundamental para elevar la productividad, aumentar la capacidad exportadora, la competitividad, diversificar de manera exitosa la economía, resolver los problemas de insolvencia en relación al pago de la deuda externa y obviamente como consecuencia de ellos, elevar, adecuar los ingresos )salarios y pensiones) a la realidad económica del país.
Luego de tres años sin aumento de sueldos, estando los ingresos (salarios y pensiones), entre los más bajos de la región, no es posible, argumentan los proponentes, una medida diferente a congelar la tarifa del transporte público, por qué ante una depreciación de la tarifa actual en más de un 60%, esto es lo que implica tal medida.
Dicha decisión, llevar la tarifa de dieciocho bolívares (18 Bs), a veinte y cinco (25 Bs), siete bolívares (7 Bs), un 28% que, implica en la práctica obligar a los operadores privados del transporte público a subsidiar a los usuarios, disminuir la capacidad operativa y de mantenimiento de las unidades, además de obligar a todos aquellas personas, grupos familiares que dependen del ingreso de las unidades a una contracción brusca de su capacidad de consumo.
Dicha decisión fue aprobada casi por unanimidad, lamentablemente nos retrotrae a decisiones, igualmente erradas que llevaron al transporte público en el pasado casi a su desaparición, con un 80 % de paro técnico.
Igualmente se espera que el próximo 1ero de mayo 2025, se genere por cualquier mecanismo (mejorar el salario y/o incrementar el monto de los bonos y de ser posible incluir el pago de un bono de transporte a estudiantes, jubilados y pensionados, lo cual redundaría en el crecimiento de la demanda (capacidad de compra y pago) y se instrumenten paralelamente políticas eficaces e inteligentes para corregir los problemas estructurales de la economía venezolana.
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