El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destaca el autoritarismo de Nicolás Maduro, enfocándose en ejecuciones, fraude electoral y represión. Se señala un fraude electoral histórico orquestado por Maduro y sus aliados políticos. La oposición, anticipando el fraude, recopiló una alta cantidad de actas electorales digitalizadas. El informe refleja una situación de grave violación de derechos humanos y socava la legitimidad del gobierno venezolano.
La CIDH presentó su informe anual que expone, una vez más, las gravísimas violaciones de derechos humanos en países de América Latina, con enfoque particular en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Este trabajo de 1.208 páginas, que revisa también las situaciones en Cuba, Nicaragua y otros países de la región, dejó en evidencia el carácter autoritario y represivo de Maduro.
No solo señaló las constantes violaciones en Venezuela, sino que situó a Maduro en el centro de las acusaciones de abuso de poder, terrorismo de Estado y fraude electoral.
La CIDH denuncia varias medidas concretas que evidencian el autoritarismo de Maduro, incluyendo:
- Ejecuciones sumarias y extrajudiciales: Violaciones graves a los derechos a la vida, con informes de asesinatos sin debido proceso.
- Fraude electoral: Manipulación y tergiversación de resultados, dificultando la participación libre y transparente en los comicios.
- Repression brutal: Uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra opositores, defensores de derechos humanos y expresiones disidentes.
- Censura y restricciones: Cerrar medios de comunicación, limitar libertades de expresión y controlar la información.
- Persecución de opositores: Procesos judiciales fabricados, amenazas, hostigamientos y desapariciones forzadas.
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó al informe de la CIDH con rechazo y acusaciones de sesgo y manipulación. Maduro calificó el informe como una «campaña de desprestigio» y una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Además, negó las violaciones de derechos humanos mencionadas y afirmó que la oposición y la comunidad internacional buscan desestabilizar su gobierno. La respuesta oficial también incluyó críticas a la CIDH por supuestamente ignoring los avances del país y sus instituciones.