La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Aurora Silva de Superlano, esposa del político opositor Freddy Superlano, quien es un preso político. Estas medidas fueron concedidas debido a amenazas, hostigamiento y vigilancia por agentes del Estado que la beneficiaria estaría sufriendo. Además, las medidas también se extendieron a sus dos hijas. La CIDH busca proteger la integridad de Aurora Silva y sus hijas ante la situación de riesgo que enfrentan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Aurora Silva de Superlano, esposa del dirigente opositor y preso político Freddy Superlano, así como también a sus dos hijas.
Aurora Silva de Superlano enfrenta amenazas y hostigamiento relacionados con su situación como esposa de un preso político y activista opositora. Específicamente, ha reportado vigilancia constante, seguimiento por parte de agentes del Estado, intimidaciones y posibles intentos de presión o coacción. Estas acciones buscan posiblemente amedrentarlas y silenciar su apoyo a su esposo y a la oposición.
Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho efectuadas por la parte solicitante, la Comisión observa que las amenazas, actos de intimidación y hostigamientos, sumados a la presencia constante de vehículos cerca de su domicilio, y seguimiento de los desplazamientos de las beneficiarias se han sostenido en el tiempo y evidencian una situación de riesgo que podría materializarse en cualquier momento bajo el actual contexto del país.
Además, según lo señalado por la representación, hasta el momento el Estado no habría adoptado las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos de la beneficiaria y su núcleo familiar, por lo que permanecerían en total desprotección.
Bajo esas circunstancias, la Comisión consideró que Aurora Carolina Silva Uzcátegui y sus dos hijas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Por consiguiente, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Aurora Carolina Silva Uzcátegui, A.I.S.S. y A.S.S.;
- asegure las medidas correspondientes para garantizar que Aurora Carolina Silva Uzcátegui pueda seguir desempeñando sus actividades de defensa de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas. En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos y la integridad personal de las beneficiarias de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros;
- concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representación; y,
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.
La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Aurora Silva de Superlano incluyen la protección de su integridad personal y la de sus hijas, ante las amenazas y hostigamientos que enfrenta. Estas medidas generalmente implican acciones como:
- Seguridad personal, protección policial o de otras autoridades.
- Garantías de no ser víctima de represalias.
- Seguimiento y monitoreo para asegurarse de que no exista riesgo inminente.
- Acceso a mecanismos legales y administrativos para denunciar cualquier amenaza o vulneración.
La CIDH solicita a los Estados que adopten las acciones necesarias para prevenir daños mayores, garantizando la vida y seguridad de Aurora Silva y su familia.
Según informes de la CIDH y organizaciones de derechos humanos, los responsables del hostigamiento y amenazas contra Aurora Silva de Superlano parecen ser agentes del Estado venezolano, incluyendo cuerpos de seguridad y funcionarios que realizan vigilancia y seguimiento. Este patrón de hostigamiento suele vincularse a la persecución política que vive la oposición en Venezuela, donde las autoridades suelen ser señaladas como responsables de actos intimidatorios contra activistas, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos.