Telefónica es acusada de complicidad con el gobierno de Maduro en Venezuela. Se le señala como el «brazo tecnológico de la dictadura» y se le responsabiliza de facilitar la represión. También se menciona un posible soborno y gastos en vacaciones paradisíacas. La información indica una seria preocupación sobre la participación de Telefónica en el contexto político venezolano.
Las denuncian al presidente de TELEFONICA POR COMPLICIDAD CON MADURO POR «CENSURAR» MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El director de El Nacional de Venezuela denuncia a Murtra y a Telefónica por «censurar» la señal del periódico Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, alza la voz desde el exilio para denunciar la complicidad de Telefónica y de su presidente, Marc Murtra, en las políticas de bloqueo y control informativo impuestas por la dictadura de Nicolás Maduro.
Ciudadanos se concentraron este miércoles frente a la sede de Telefónica en Madrid para protestar contra el bloqueo que impuso la compañía a medios de comunicación venezolanos.
La subsidiaria de Telefónica en Venezuela, Movistar, ha bloqueado páginas de noticias que publican información sobre la crisis del país, a pesar de que es una multinacional que dice respetar derechos como la libertad de expresión.
Además, por petición de instituciones del Estado, Movistar ha espiado las llamadas de cientos de miles de venezolanos, según su propio informe de transparencia.
Estas solicitudes, de acuerdo con el documento, aumentaron de manera significativa desde 2018. Ese año hubo 639.911. Pero en 2019 subieron a 651.446, en 2020 a 736.498 y en 2021 se llegó a un pico de 861.004.
En relación con su supuesta complicidad con el gobierno de Maduro incluyen varias acciones específicas:
- Facilitación de la represión: Se acusa a Telefónica de proporcionar infraestructura tecnológica y servicios que facilitaron la vigilancia, censura y represión de opositores políticos y manifestantes en Venezuela.
- Soborno y corrupción: Se alegan pagos de sobornos para mantener contratos y operaciones, lo cual habría ayudado a sostener el régimen de Maduro en el poder y a reprimir la oposición.
- Colaboración con la dictadura: Se señala que Telefónica habría colaborado con el régimen, incluso en actividades de control y censura en línea, contribuyendo a la restricción de libertades.
- Gastos en viajes y beneficios: Se reportan gastos en vacaciones paradisíacas y beneficios a altos ejecutivos, lo que sugiere un uso indebido de recursos en beneficio propio en medio de la crisis política.
Estos son los puntos específicos que se han denunciado públicamente, aunque la veracidad y el alcance exacto de estas acusaciones aún son tema de disputa y análisis.
Telefónica ha respondido a las acusaciones de manera oficial y en general han negado las implicaciones de complicidad con el gobierno de Maduro. La compañía ha declarado que:
- Negación de vínculos con la represión: Telefónica sostiene que actúa respetando las leyes y regulaciones internacionales, y que no tiene participación en actividades que puedan facilitar la represión política o violaciones de derechos humanos.
- Compromiso con la legalidad y los derechos humanos: La empresa afirma que mantiene un compromiso con la protección de los derechos humanos y que sus operaciones en Venezuela se realizan en cumplimiento de las leyes locales e internacionales.
- Medidas institucionales: En algunos casos, han mencionado que toman medidas para garantizar que sus servicios no se utilicen para actividades ilícitas o que puedan vulnerar derechos fundamentales.
Es importante señalar que, aunque la compañía niega las acusaciones, algunos críticos y denuncias públicas continúan señalando una posible colaboración, lo que mantiene el debate y la tensión sobre su papel en Venezuela.
Las acusaciones y el contexto político en el que se desarrollan pueden tener varias repercusiones directas e indirectas en los usuarios venezolanos de Telefónica:
- Limitaciones en el acceso a servicios: Si las acusaciones llevan a una mayor censura o control de las comunicaciones, los usuarios podrían experimentar restricciones en el acceso a ciertos sitios web, plataformas o servicios en línea.
- Percepción de inseguridad y victimización: La relación de una empresa de telecomunicaciones con un régimen autoritario puede generar desconfianza en los usuarios, quienes podrían sentir que su privacidad y derechos digitales están en riesgo.
- Crisis de confianza en la empresa: La reputación de Telefónica puede verse afectada, generando dudas sobre la ética y la independencia de sus operaciones en Venezuela, impactando la lealtad de los clientes.
- Resistencia o migración: Algunos usuarios pueden optar por cambiar de proveedor o buscar alternativas, especialmente si consideran que la compañía está participando en acciones que violan derechos humanos o que contribuyen a la represión.
- Impacto social y político: La percepción pública puede intensificar el debate sobre el control y la censura en Venezuela, afectando la libertad de expresión y el acceso a información para la población en general.
“Cada sitio bloqueado es un periodista silenciado, una familia sin sustento, una verdad que se intenta borrar”, denuncia Otero, desde el exilio.
Exigimos a Telefónica:
✅ Detengan ya la censura.
✅ Asuman su responsabilidad.
✅ Respondan ante la historia.
Otero, quien se encuentra asilado en Madrid, resolvió llevar a un tribunal en esa ciudad el recurrente “bloqueo” que ejecuta la operadora contra la web independiente, en violación no solo al derecho universal a la libertad de expresión sino también de disposiciones de España y la Unión Europea que prohíben a la empresa desconocer derechos humanos en otro país donde opera.
Afirmó que no descarta tomar acciones contra Telefónica en EEUU, toda vez que su acción de censura contra El Nacional afecta el dominio (.com) que es norteamericano y que tiene sede en dos ciudades estadounidenses, que permiten informar en Venezuela, un país donde es cada vez más difícil la labor periodística.
Afirmó que toda empresa que “colabora con dictadores son cómplices sin matices ni excusas y Telefónica, que también impide el libre acceso a otros medios digitales venezolanos y extranjeros como CCN y NTN24, es “cómplice de Maduro en el apagón informativo en Venezuela”.
Apagón y censura de Maduro
Según Otero, el “apagón informativo” en el que incurre Telefónica, con sede en Madrid, “es muy grave para el periodismo, porque ya no es solo la represión directa sino que atenta contra la libertad de prensa que no puede comprarse con campañas publicitarias”.
Señaló que el bloqueo de internet de la empresa española contra El Nacional inició en 2021, en medio del asedio que desató el régimen de Maduro contra el medio de comunicación, al cerrarle la puerta a la compra del papel para sus impresos, hostigamiento a periodistas, y el arrebato de la sede que tenía en el este de Caracas.
Otero subrayó que desde 2024, cuando emplazó a Telefónica presidido entonces por José María Álvarez Pallete y sus socios a dar explicaciones sobre sus acciones contra la libertad de expresión, solo una vez pudo conversar con ellos. Sin embargo, nada cambió.
El nuevo presidente Marc Mutra no ha cambiado en nada la gestión anterior y sigue siendo un aliado del régimen de Maduro. No hay diferencia moral entre quien ordena silenciar y quien ejecuta, y Telefónica ha pasado de ser una empresa tecnológica a ser cómplice de una dictadura”, aseguró.
Destacó que la empresa, que ha vendido sus sedes principales en otros países de América Latina, permanece en Venezuela como la principal surtidora de telefonía e internet, porque le representa rentabilidad y “confían en que con el régimen no corren riesgos”.
Contra la libertad de expresión
“Son cómplices del régimen no solo bloqueando páginas, sino en los pinchazos telefónicos, como ellos mismos lo declararon en su documento de transparencia”, puntualizó Otero.
Lo que ponen en juego, dice, es la libertad de expresión y otros derechos que se derivan de este como el de la libertad de prensa, el de estar informado y acceso a medios. Y no solo en Venezuela, sino también en España donde son los principales proveedores de publicidad.
Otero no descartó acudir a instancias internacionales.
“Podemos ir a Bruselas, al Parlamento europeo, y llevar esta caso porque violan el reglamento europeo. Hay que la censura es ahora el nuevo rostro de la tiranía, a través del bloqueo. Lo que ocurre en Venezuela puede ocurrir mañana en cualquier otro lugar”.