La Organización Venezolana de Prisiones (OVP) denuncia el hacinamiento extremo en las cárceles del país, acusando una «política de abandono». Esto sugiere graves problemas en el sistema penitenciario venezolano, como la falta de recursos, infraestructura inadecuada y negligencia gubernamental. El hacinamiento extremo puede llevar a condiciones inhumanas, aumentando la violencia, la propagación de enfermedades y la violación de los derechos humanos fundamentales de los reclusos. La OVP probablemente busca llamar la atención sobre esta crisis y presionar por reformas urgentes en el sistema carcelario.
La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 17 de junio una «política de abandono» en las cárceles del país, donde, agregó, hay «hacinamiento extremo, falta de agua potable, ventilación inexistente, alimentos insuficientes y atención médica nula», por lo que exigió que se garanticen «condiciones humanas» de reclusión.
«Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono. Lo hemos denunciado una y otra vez: el régimen venezolano no solo ha sido incapaz de resolver el colapso del sistema penitenciario, sino que ha convertido los calabozos policiales en centros de reclusión permanentes», manifestó la organización en la red social X.
El OVP indicó que la normativa venezolana establece que los calabozos policiales «son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas», pero, agregó, «en la práctica, miles de personas permanecen allí durante semanas, meses e incluso años».
«Esta situación constituye una flagrante violación a los derechos humanos y evidencia el colapso del sistema penitenciario en el país», alertó la organización no gubernamental.
A esto, prosiguió, se suma que los familiares de los detenidos «deben suplir las fallas» del Gobierno: «llevar comida, agua, medicamentos y artículos de higiene, muchas veces a costa de ser extorsionados por funcionarios o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes».
La oenegé denunció que, entretanto, los detenidos «enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa», una situación que, subrayó, «vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta».
Exigió «medidas urgentes y concretas», entre las que mencionó el cierre «inmediato» de los calabozos como «lugares de reclusión prolongada, que se garanticen condiciones humanas y legales para todos los detenidos y que se ponga fin al castigo indirecto que sufren sus familias».
#URGENTE En Venezuela los calabozos policiales son centros de tortura prolongada.
Aunque la normativa venezolana establece que los calabozos policiales son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas; en la práctica, miles de personas permanecen allí durante… pic.twitter.com/asC9lLUD8k
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 17, 2025
OVP aboga por reformas enfocadas en mejorar condiciones del sistema penitenciario
La Organización Venezolana de Prisiones (OVP) generalmente aboga por reformas enfocadas en mejorar las condiciones del sistema penitenciario y garantizar los derechos humanos de los reclusos. Aunque no tengo detalles específicos de las propuestas más recientes, las reformas que suele promover la OVP incluyen:
- Reducción del hacinamiento: Implementar medidas para disminuir la población carcelaria, como programas de libertad condicional, alternativas a la prisión, y una revisión de casos judiciales que puedan liberar a personas sin riesgo social.
- Mejoras en infraestructura: Construcción, reparación y dotación de las prisiones con condiciones dignas, incluyendo acceso a servicios básicos, atención médica, alimentación adecuada y seguridad.
- Reforma jurídica: Modificar leyes y procedimientos para agilizar los procesos judiciales y evitar la sobrepoblación.
- Capacitación y sensibilización: Programas de formación en derechos humanos para las autoridades penitenciarias y personal de salud en las cárceles.
- Mayor supervisión internacional: Solicitar acompañamiento y vigilancia internacional para garantizar el respeto de los derechos de los internos.
Las principales causas del hacinamiento en las cárceles, tanto en Venezuela como en otros países, suelen estar relacionadas con una combinación de factores estructurales, sociales y administrativos. Aquí te detallo algunas de las más relevantes:
- Sistema de justicia penal insuficiente o lento: La acumulación de personas en prisión muchas veces ocurre porque los procesos judiciales son largos y deficientes, lo que genera retrasos en las sentencias y mantiene a muchos presos sin una condena definitiva o en prisión preventiva durante largos periodos.
- Política de zero tolerancia y aumento en las detenciones: La intensificación de las políticas de mano dura, especialmente en temas de seguridad y drogas, conduce a un incremento en el número de detenciones, muchas de las cuales son preventivas o por delitos menores.
- Falta de infraestructura y recursos: Las cárceles existentes no tienen capacidad suficiente para albergar a la población penitenciaria, lo que puede deberse a la falta de inversión, mantenimiento deficiente y corrupción en la administración penitenciaria.
- Criminalización de conductas sociales y delitos menores: La tendencia a encarcelar por delitos considerados leves o infracciones sociales, en lugar de soluciones alternativas, contribuye a la saturación del sistema penitenciario.
- Impunidad y falta de programas de rehabilitación: La ausencia de programas efectivos de rehabilitación y prevención, junto con altos índices de impunidad, hacen que las cárceles se conviertan en depósitos de personas sin una estrategia clara de reinserción social.
- Factores socioeconómicos: La pobreza, la falta de educación y la desigualdad social incrementan la vulnerabilidad a la delincuencia, generando un aumento en la población carcelaria.
- Problemas administrativos y corrupción: La falta de gestión efectiva, la corrupción y la mala distribución de recursos también reducen la capacidad del sistema penitenciario para gestionar adecuadamente la población carcelaria.
El hacinamiento extremo en las cárceles tiene graves impactos en la salud de los reclusos, afectando tanto su bienestar físico como mental. Aquí te detallo algunos de los principales efectos:
Impacto en la salud física:
- Propagación de enfermedades contagiosas: La congestión facilita la transmisión de enfermedades como tuberculosis, hepatitis, VIH/SIDA, neumonía y otras infecciones respiratorias o de transmisión vía contacto cercano.
- Condiciones higiénicas precarias: La falta de espacio, agua limpia y saneamiento adecuado contribuye a problemas dermatológicos, enfermedades gastrointestinales y otras complicaciones relacionadas con la higiene.
- Lesiones y violencia: La violencia e inseguridad aumentan en ambientes sobrepoblados, lo que lleva a heridas, lesiones y, en algunos casos, muertes por enfrentamientos o abuso físico.
Impacto en la salud mental:
- Estrés y ansiedad: La falta de espacio, la incertidumbre y la violencia constante provocan altos niveles de estrés, ansiedad y depresión.
- Problemas psicológicos: La privación de libertad y las condiciones inhumanas pueden desencadenar cuadros de psicosis, trastornos de ansiedad y otros problemas psicológicos graves.
- Falta de atención médica: La escasez de recursos y personal limita el acceso a atención médica adecuada, agravando enfermedades existentes y retrasando tratamientos necesarios.
En resumen:
El hacinamiento extremo no solo viola derechos humanos, sino que también crea un entorno insalubre que pone en riesgo la vida y la integridad física y mental de los reclusos. La situación requiere medidas urgentes para reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones sanitarias en las cárceles.
El hacinamiento es un problema multifacético que refleja las fallas en el sistema judicial, la política de seguridad, las condiciones sociales y la gestión administrativa. Solucionarlo requiere una estrategia integral que incluya reformas legales, inversión en infraestructura, programas de rehabilitación y políticas sociales de prevención.