La paradoja venezolana: Auge macroeconómico convive con una población atrapada entre pobreza, represión y miedo.
Diversas organizaciones internacionales han denunciado la violación de DDHH en Venezuela.
Pese a que el PIB venezolano creció 9,32 por ciento en el primer trimestre de 2025, según el Banco Central de Venezuela (BCV), el indicador macroeconómico no se refleja en la calidad de vida de las familias venezolanas que, por demás, viven en medio de un ambiente de detenciones arbitrarias, intimidación a través de internet y redes, así como desapariciones forzadas y cierre del espacio cívico, según el más reciente informe de la ONU presentado el viernes pasado.
Teresa Cárdenas (*) trabaja en atención al público en un centro de salud del Estado, su sueldo es de 130 bolívares al mes por lo que, para compensarlo, trabaja también limpiando casas para ganarse 20 dólares al día.
Los empleados públicos, maestros, profesores y personal de salud son los que peor ganan en Venezuela. Mi salario es de 230 bolívares mensuales, dice a EL TIEMPO un empleado de la Asamblea Nacional que prefiere reservarse su nombre, pero lamenta que su sueldo sea de tan solo 1,9 dólares al mes.
Además del salario básico, congelado desde 2022, el Gobierno venezolano aplica una política de bonos extra para compensar a los trabajadores, lo que se traduce en 120 dólares extra quincenales y 40 dólares a finales de año. No obstante, esta bonificación no tiene incidencia en el salario base.
Y, si bien desde 2022 el país presentó una importante recuperación económica al salir de la hiperinflación, sumado a la presencia de las petroleras extranjeras como Chevron, que inyectaron un flujo importante de divisas, las mejoras han sido desiguales.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2024, de la Universidad Católica Andrés Bello, no todos los sectores han experimentado los beneficios de las escasas mejoras económicas. Además, destaca que el año pasado la desigualdad creció 2,7 por ciento, con ingresos mensuales promedio de 12,50 dólares para el 10 por ciento de la población más pobre frente a 633,72 dólares para el 10 por ciento más rico.
Esto explica por qué, aunque la escasez sea cosa del pasado, la mayoría de las personas no cuenta con el poder adquisitivo para hacer mercado.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una organización independiente y cuyos miembros y colaboradores están siendo perseguidos y encarcelados, detalló que la economía venezolana retrocedió un 2,7 por ciento en los tres primeros meses de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.
Según el OVF, la caída obedece a una contracción del 5 por ciento en el sector no petrolero, que no pudo ser compensada por el crecimiento del 7,4 por ciento que tuvo la industria del hidrocarburo que, gracias a la flexibilización de las sanciones, alcanzó una producción cercana al millón de barriles diarios.
La recuperación Macroeconómica vs. La realidad del bolsillo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía venezolana crecería un 3 por ciento en 2024 y 2025, pero también advirtió de una contracción del 4 por ciento para este año, cifras distantes de las anunciadas por el Gobierno.
Si bien hay una mejora, la falta de políticas con buenos resultados inciden en el día a día de los venezolanos. Por ejemplo, el costo de la canasta alimentaria para cinco personas es de 500 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), monto que difícilmente puede invertir gran parte de la población.
En el país, al menos cinco millones de personas pasan hambre, así lo destacó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el informe de principios de este año. En 2022, ese número ascendía a 6,5 millones.
Los datos de la encuesta Encovi de 2024 reflejan que siete de cada 10 hogares son pobres en Venezuela por ingresos, es decir, 73,2 por ciento, mientras que en 2023 era 82,8 por ciento.
Por otra parte, el número de hogares en pobreza extrema pasó de 50,5 por ciento en 2023 a 36,5 por ciento este año.
El empleo, una recuperación incompleta y precaria
Los bajos salarios dificultan cubrir las necesidades básicas que, en promedio, superan los mil dólares.
Entre 2023 y 2024, la encuesta Encovi registró una caída en la tasa de ocupados que pasó de 60,9 por ciento a 54,7 por ciento, debido a un aumento en el número de personas dedicadas a labores del hogar (15,7 % versus 12,6 % en 2023).
Prefiero quedarme en casa y vender dulces que trabajar para una empresa con una remuneración baja. Trasladarse, cumplir horarios, más gastos de comida y ropa, representan pérdida. Por otro lado, las empresas de afuera, que te contratan de manera remota, tampoco quieren pagar bien, dice a EL Tiempo, Verónica Castillo, una contadora que trabaja de forma independiente.
Violencia e inseguridad, una reducción con matices
Las estadísticas cuentan que la tendencia a los homicidios y la inseguridad siguen disminuyendo en el país vecino y cuya principal causa es la migración que supera los 8 millones de venezolanos en el exterior.
A la migración de venezolanos, se suma el cambio en las oportunidades del delito y la neutralización de algunas bandas delictivas acentuada a partir del segundo semestre del 2024 cuando hubo una mayor presencia policial en las calles, se lee en el reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia que estimó que para 2024, solo en Caracas, la tasa de muertes violentas (homicidios, intervención policial y averiguación) fue de 48,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una reducción en comparación a 2023 cuando hubo 50,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Los datos de Insight Crime sitúan a Venezuela con una tasa de 26,2 muertes por cada 100.000 habitantes para el 2024.
Sin embargo, el Gobierno publica otros números. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, Douglas Rico, informó que el país registró en 2024 una tasa de homicidios de 4,1 por cada 100.000 habitantes.
El pasado 22 de junio quedó registrado en vivo la muerte del tiktoker Gabriel Jesús Sarmiento, quien constantemente denunciaba en sus redes el accionar de las bandas Tren de Aragua y Tren del Llano, además de señalar la complicidad de los cuerpos de seguridad. Hombres armados entraron a su casa y le dispararon mientras hacía un live.
Salud, el malestar latente
El país, otrora de prevención y desarrollo clínico, ahora vive una realidad muy distinta cuando el 47 por ciento de la población percibe la salud pública como regular y 38 por ciento como mala o muy mala, según Encovi.
Mi madre murió el año pasado porque no había equipos para hacerle una tomografía. Estuvimos casi 12 horas recorriendo hospitales en Caracas y no pudimos salvarla. Lamentablemente a su edad, 78 años, no contaba con seguro médico, narró Pedro Rodríguez a este diario.
Rodríguez recordó que su mamá contaba con la ayuda de hijos y nietos que enviaban remesas desde el exterior, pero eso servía para comprar comida y medicamentos. Mi madre tenía una pensión de 130 bolívares y un bono de 50 dólares que envía el gobierno, comentó.
Al ir a un hospital, un venezolano no solo se enfrenta a la precariedad del sistema, sino a tener que encargarse de comprar todos los insumos médicos. Para 2024, la Encuesta Nacional de Hospitales determinó que los centros públicos cerraron el año con 37 por ciento de desabastecimiento.
Violencia política, miedo y persecución
Desde el 28 de julio de 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador sin presentar pruebas, la represión y persecución han sido la constante en el país cuando se estima que, por protestar contra el chavismo, fueron encarceladas unas 2.500 personas, incluyendo menores de edad.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 5.226 manifestaciones en 2024, es decir, el equivalente a 15 manifestaciones diarias en un año.
Hoy, aún se mantienen 932 personas presas, incluyendo activistas de derechos humanos, 20 periodistas, políticos y cuatro adolescentes. También se contabilizan al menos 82 extranjeros (entre ellos unos 28 colombianos) detenidos por razones políticas, según el Foro Penal, una organización independiente.
En esta última semana el régimen venezolano apresó a al menos siete economistas, vinculándolos al Observatorio Venezolano de Finanzas. Entre los detenidos está el exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, quien está bajo desaparición forzosa desde la semana pasada.
La hija de Cabezas publicó un video en sus redes, se trata de un material que el economista y profesor de la Universidad del Zulia dejó grabado en caso de ser detenido.
No es un delito haber sido ministro de Finanzas y no robar (…) no es un delito expresarse cívica, pacífica y democráticamente para reclamar un cambio en nuestro país (…) cualquier persecución o secuestro a mi persona, sería una clara violación a mis derechos políticos y civiles, dijo Cabezas en el video.
El exministro integra grupos críticos al Gobierno de Maduro y apoyó la campaña a las presidenciales del opositor Edmundo González. En un mensaje en X, la líder de la oposición, María Corina Machado, pidió la libertad de Cabezas.
Por otro lado, se conoció la sentencia a 10 años de prisión de la joven Merlys Oropeza, detenido en agosto de 2024 por criticar a la jefa del chavismo en su comunidad. Oropeza escribió un mensaje en su estado del Whatsapp y fue denunciada por ello.
El panorama venezolano dista por el momento de una mejora a gran escala. Tras la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos al petróleo, la escasez de dólares que provenían de la renta petrolera comienza a deteriorar la economía.
El Observatorio Venezolano de Finanzas publicó que, para mayo, la inflación fue de 26 por ciento, 7,6 puntos más que en abril, cuando fue del 18,4 por ciento. La inflación anualizada fue de 229 por ciento mientras que la acumulada de 105,5 por ciento.
Entre tanto, la calidad de vida de gran parte de la población sigue en condiciones precarias, lidiando con la pobreza, la desigualdad, el hambre y la ineficacia de los servicios básicos, generando una realidad de recuperación para un sector pequeño de la ciudadanía.
(*) Nombre ficticio por temor a represalias gubernamentales
Ana María Rodríguez Brazón – El Tiempo de Bogotá