«El anteproyecto de ley que regulará el secreto profesional de los periodistas abre la puerta a que la Justicia pueda identificar las fuentes que proporcionan información».
Vigilar al vigilante: «Faculta que los jueces puedan instalar programas ‘espía’ en los dispositivos» (…) «El periodista no sabrá que está siendo espiado, pero la Justicia sí tendrá acceso a conocer cuál o cuáles son sus fuentes».
Marlaska y Cerdán: «La maniobra para no tener que informar a la UCO de las visitas a Santos Cerdán en su celda de Soto del Real ha causado una gran estupefacción.
Sin precedentes. Por primera vez, un Gobierno aprueba un anteproyecto de ley que, bajo la apariencia de «proteger el secreto profesional» de los periodistas, habilita mecanismos para obligarles a revelar sus fuentes.
Una medida que, según denuncian voces del sector, comprometerá seriamente la libertad de prensa y el derecho a la información. Lejos de blindar la independencia de los medios, el nuevo texto normativo impone condiciones y excepciones que debilitan un principio básico del periodismo libre.
El anteproyecto fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros y ahora se someterá a audiencia pública. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo presentó como un paso hacia la “efectividad” del secreto profesional. Sin embargo, el contenido del texto legislativo revela un enfoque más restrictivo que garantista.
El derecho, con condiciones
La futura ley del Gobierno reconoce el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, así como la protección ante incautaciones forzosas de materiales, dispositivos o archivos que puedan conducir a la identificación de los informantes. Hasta aquí todo parece ir en la dirección correcta. Pero el texto incluye dos excepciones clave que preocupan especialmente a los defensores de la libertad de prensa.
Según el anteproyecto, los jueces podrán ordenar la identificación de una fuente periodística si se alega:
- La existencia de un «daño grave e inminente» para la vida, la integridad o la seguridad de las personas.
- La presencia de un «riesgo grave para la seguridad nacional o para elementos esenciales del sistema constitucional».
Estas expresiones, ambiguas y sujetas a interpretación, dejan una amplia discrecionalidad a los tribunales y abren la puerta a que el secreto profesional sea vulnerado con argumentos genéricos o políticamente sensibles. Hasta ahora, no existía limitación alguna en la profesión periodística.
Periodismo bajo vigilancia
Otro de los aspectos más polémicos del anteproyecto es que autoriza la instalación de programas de vigilancia intrusiva en los dispositivos de los periodistas. Esta medida solo se aplicaría en casos de delitos graves -según el Código Penal, con penas superiores a cinco años-, pero la definición de «gravedad» en la práctica judicial puede ser maleable.
La posibilidad de que un informador vea intervenido su ordenador o teléfono móvil sin haber difundido información comprometedora, simplemente por haber tenido acceso a ella, supone un precedente inquietante. Y no es un escenario teórico: la norma contempla sanciones de hasta 2,5 millones de euros a periodistas que accedan a información clasificada, aunque esta no llegue a publicarse.
El anteproyecto forma parte del llamado Plan de Acción por la Democracia, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre. Bajo la premisa de fortalecer las instituciones democráticas, el plan contempla también la creación de un registro de medios de comunicación, la reforma de la Ley de Protección del Honor y medidas que afectan a la libertad de empresa en el sector informativo.
Paradójicamente, mientras se anuncian controles y nuevas reglas para medios privados y periodistas independientes, no se tocan los medios públicos ni organismos como el CIS, fuertemente cuestionados por su alineación con el discurso gubernamental.
Autorregulación vigilada
Aunque el texto menciona la promoción de códigos de buenas prácticas y mecanismos de autorregulación, lo hace bajo la supervisión de las administraciones públicas. Un modelo que, en la práctica, podría derivar en un mayor control institucional sobre los contenidos informativos.
También se introducen reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para limitar las preguntas a los periodistas cuando comparecen como testigos. Pero estas garantías resultan insuficientes si el resto del marco legal habilita al Estado a cruzar líneas rojas en nombre de un interés general difuso.
El Gobierno ha asegurado que el texto ha sido consensuado con asociaciones y sindicatos del sector. Pero la falta de transparencia en el proceso y la escasa participación de colectivos independientes siembran también más dudas sobre el verdadero alcance de ese consenso.