Las organizaciones Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón consideran acertada la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de mantener activa la investigación del Caso Venezuela I bajo la supervisión de fiscales adjuntos, luego de que se apartara al fiscal Karim Khan por posibles conflictos de interés.
Aseguran que esto garantiza la imparcialidad y transparencia del proceso judicial. Ambas ONG destacaron que esta medida evita la paralización del caso y protege la investigación frente a cuestionamientos públicos o políticos.
El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang continuará liderando el equipo que analiza los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que refuerza la confianza de las víctimas y de la comunidad internacional.
Desde un punto de vista legal, el Estatuto de Roma establece que la Asamblea de Estados Partes (AEP) tiene la facultad de suspender o destituir al fiscal en caso de «falta grave o incapacidad», requiriendo para ello una mayoría absoluta de los Estados miembros.
La investigación preliminar de la OSSI determinará si existen fundamentos suficientes para iniciar un proceso formal ante la AEP, lo que podría derivar en la remoción definitiva de Khan o su regreso al cargo. Mientras tanto, la Fiscalía debe garantizar la continuidad de las investigaciones y la protección de las víctimas, bajo el liderazgo temporal de los fiscales adjuntos.
Para una eventual sanción contra el fiscal se requiere de la convocatoria formal de la Asamblea, donde se debe alcanzar una mayoría absoluta de los Estados miembros para adoptar una resolución que suspenda o remueva definitivamente al fiscal. Actualmente, la AEP cuenta con 124 Estados parte, por lo que se necesitan al menos 63 votos.
Sin embargo, es absolutamente necesario que la Asamblea defina con prontitud los detalles del procedimiento, incluyendo los plazos, la composición de los órganos encargados de evaluar las pruebas y la garantía de un proceso justo y equilibrado. Ante la licencia temporal de Khan, la presidenta de la Asamblea, Päivi Kaukoranta, ha manifestado públicamente su confianza en que la institución mantendrá su continuidad operativa y que el proceso para definir el futuro del fiscal se llevará a cabo con la celeridad y la seriedad que demanda la situación.