“Cuando el crimen es campeón, el perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros”. Expresidente Álvaro Uribe
La judicialización política en América Latina está alcanzando niveles sin precedentes, especialmente en los casos de expresidentes como Álvaro Uribe en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil, quienes enfrentan procesos legales que sus seguidores y diversos sectores señalan como persecuciones políticas de alcance regional. En este contexto, la figura del llamado Grupo de Puebla emerge como un actor clave en la disputa ideológica y de poder que atraviesa la región, dejando una estela poco agradable en la dinámica política, con derivaciones odiosas, tal como la instrumentalización del aparato del Estado para reprimir y acallar a la disidencia política, destacando la cooptación del sistema de administración de justicia en todas sus instancias.
Uribe y Bolsonaro, líderes emblemáticos de la derecha conservadora, han sido puestos bajo arresto domiciliario tras ser condenados o procesados por delitos relacionados con manipulación judicial y, en el caso de Bolsonaro, un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. El 28 de julio de 2025, Uribe fue declarado condenado a 12 años de prisión domiciliara por soborno y fraude procesal, mientras que Bolsonoraro recibió medidas restrictivas similares, dictadas por el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, que le prohíben el uso de las redes sociales y limitan sus visitas a sus domicilios, menos a familiares cercanos y abogados.
Estos procesos judiciales se enmarcan en un escenario donde gobiernos de izquierda, como los de Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, junto con el respaldo o la influencia del Grupo de Puebla, buscan consolidar una hegemonía cultural y política que confronta frontalmente a los liderazgos conservadores. Este grupo, fundado en 2019 por varios exmandatarios y activistas progresistas de la región, incluyendo a Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero, promueve una agenda de integración, progresismo y políticas de izquierda.
La crítica central en varias narrativas opositoras es que la justicia en estos países actúa como un “cartel togado”, una herramienta política para desarticular a la oposición conservadora mediante lo que califican de “terrorismo judicial”. Este “terrorismo judicial” bajo la influencia del Grupo de Puebla se aplica a través de la judicialización política, donde se utilizan tribunales y magistrados afines para perseguir, sancionar y neutralizar a líderes opositores como Uribe o Bolsonaro. En tal sentido, el Grupo de Puebla presiona y defiende gobiernos aliados, interfiriendo en procesos judiciales para obstaculizar investigaciones que afectan a sus miembros o simpatizantes, configurando una forma de abuso del sistema judicial con fines políticos y poder.
En esta lucha, se señala que la supervivencia del Grupo de Puebla depende en buena medida de mantener en el poder a gobiernos como los de Venezuela, Colombia y otros aliados, articulando una red que incluiría vinculación con actores criminales internacionales y grupos extremistas, según ciertas perspectivas críticas. Por esa razón, los seguidores de Uribe y Bolsonaro interpretan estas sentencias y medidas restrictivas como una violación al mandato popular expresado en elecciones previas y como un golpe a la democracia y a la libertad de sus países. Ante ello, se han registrado manifestaciones masivas de apoyo, que evidencian una polarización profunda y una crisis institucional en las democracias latinoamericanas.
En la actualidad, las fuerzas conservadoras no solo enfrentan procesos judiciales sino también un escenario donde la hegemonía cultural marxista se disputa violentamente con proyectos de liberalismo conservador. La respuesta política demanda, según interpretaciones versadas, una defensa activa y decidida de los líderes de gran aceptación popular en prisión domiciliara y una articulación que permita revertir lo que describen una “usurpación de facto”, entendida como una desestabilización de los cuadros políticos de derecha en la región. Esta “usurpación de facto” se materializa mediante el control de poderes estatales por gobiernos o grupos políticos que, sin legitimidad plena, mantienen el poder para desestabilizar a la derecha. Esto se consigue mediante maniobras como la judicialización selectiva (“terrorismo judicial”), el bloqueo institucional y la manipulación de medios para atacar liderazgos opositores. Así se suprime la oposición política con la intención de perpetuar un régimen aliado al Grupo de Puebla, socavando la estabilidad y representación democrática en la región.
Así las cosas, la coyuntura regional se configura como un escenario de alta tensión y conflicto entre proyectos políticos y judiciales opuestos, donde la justicia y la política se entremezclan en un juego de poder con tendencia a definir el futuro político de América Latina, con el Grupo de Puebla como uno de los actores centrales en esta disputa. El drama de Uribe y Bolsonaro simboliza la lucha entre corrientes políticas que pugnan por la hegemonía cultural, judicial y electoral, en un continente que busca definirse ante los grandes desafíos de la democracia, la libertad y la soberanía popular.
Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y 04141574645. Además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!