Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar y defender el territorio, despliegues militares pasados «han demostrado su ineficacia y han «elevado los abusos contra los pobladores fronterizos», dijo Provea este miércoles
Provea, oenegé dedicada a la defensa de derechos humanos, advirtió este miércoles 27 de agosto que el despliegue de unos 15.000 militares anunciado por el Gobierno en parte de la frontera con Colombia «abre las puertas» a «nuevos abusos contra pobladores» de zonas limítrofes.
En una nota publicada en su sitio web, Provea indicó que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía, despliegues militares pasados «han demostrado su ineficacia y, lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares», han «elevado los abusos contra los pobladores fronterizos».
La organización no gubernamental aseguró que «una práctica arraigada en la dinámica estatal» es la «imposición de la seguridad territorial hegemónica», caracterizada, según dijo, por el «privilegio del elemento militar-policial (la ‘mano dura’) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional».
«La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional», señaló la organización.
El Ejecutivo promulgó en 2015 ocho decretos de Estados de excepción «afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos», según Provea.
Los argumentos para aprobar esas medidas se basaron en la «presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción y los atentados cometidos» contra el bolívar y «los bienes adquiridos con divisas», subrayó la institución en el texto.
Sin embargo, eso «dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros’, ‘contrabandistas’ y ‘traidores a la patria'», prosiguió.
Ahora, la organización alertó que la «nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos».
«Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos ‘ejemplarizantes’ para toda la población, generando con ello la revictimización de cientos de familias», agregó Provea.
El pasado martes 26, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.
En este sentido, el jefe de la Defensa indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 de línea fronteriza con Colombia.
Padrino López señaló que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional «de desarrollo y paz» entre Colombia y Venezuela.
EFE