ÚLTIMA HORA — Santiago Abascal presenta denuncia contra el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de financiación ilegal y blanqueo, tras revelarse circulación de sobres con dinero en efectivo. Acusa al partido de ocultar fondos fuera del sistema bancario y exige una investigación “hasta el fondo del asunto”.
Por otro lado, se mencionan investigaciones que involucran a figuras clave del gobierno, incluyendo un exministro socialista, el número 3 del PSOE y miembros del entorno del presidente. Las investigaciones han llevado a dimisiones y han generado un impacto significativo. Se identifican múltiples casos de corrupción, sugiriendo una serie de desafíos para el gobierno. Los medios de comunicación han estado cubriendo activamente estos casos y otros han callado…
Según informa THE OBJECTIVE, los escándalos que envuelven al Gobierno de Pedro Sánchez son tantos que un grupo de periodistas y activistas ha decidido condensarlos en un documental de una hora y media titulado «Sánchez S.A. Una historia de corrupción».
Los principales casos de corrupción en relación con el gobierno de Pedro Sánchez:
- Contratación pública irregular: adjudicaciones supuestamente irregulares a empresas a cambio de comisiones o favores.
- Sobrecostos y mal uso de fondos: uso indebido de fondos públicos para fines no contemplados o con sobreprecios.
- Tráficos de influencias y conflictos de interés: favorecer a determinados grupos o empresas con beneficios personales o de terceros.
- Financiación irregular de partidos o campañas: donaciones no declaradas o infladas para financiar actividades políticas.
- Sobrestimación de proyectos y licitaciones amañadas: manipulación de licitaciones para beneficiar a determinados oferentes.
«Queremos poner el foco en lo verdaderamente importante. Lo de las prostitutas y la cocaína es muy divertido, pero aquí hay mucho más: corrupción moral, económica, traición a España, chantaje y extorsión, cacerías al disidente y muerte», explican los creadores del documental citados por THE OBJECTIVE.
Sin duda, el presidente del gobierno español y su formación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se han visto sacudidos presuntamente habrían participado de una trama de corrupción que incluíye cuantiosos pagos a cambio de la concesión de contratos de obra pública.
Entre los implicados está el exministro de Transportes socialista así como el número 3 del PSOE, ambos hombres de confianza de Sánchez. Aunque la trama corrupta se destapó en 2024, el gobierno logró contener los daños hasta que se hizo público con un demoledor informe de la Guardia Civil con grabaciones que implicaba también al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, quien ya dimitió de su cargo secretario de organización de la formación política y entregó su acta de diputado en el Parlamento español.
Todos han negado los cargos.
La investigación llevó en un primer momento a la detención en 2024 de casi una veintena de personas entre las que se encontraban empresarios, conseguidores y un asesor político vinculado al PSOE, Koldo García, al que se considera eje central de la trama corrupta.
García fue acusado de operación criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Pero su detención arrastró en aquel momento a un peso pesado del PSOE, José Luis Ábalos, que había sido hasta 2021 ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, el tercer puesto con más poder de la formación.
Ábalos ha sido señalado por la investigación por su cercanía a Koldo García, que fue su asesor personal durante años, y se investiga si pudo ejercer de facilitador de la trama.
El exministro está siendo investigado por el Tribunal Supremo por cuatro delitos: tráfico de influencias, pertenencia a una organización criminal, cohecho y malversación.
«Delcygate»
Las dudas sobre el ‘Delcygate’ persisten cinco años y medio después de la extraña visita de Delcy Rodríguez a Barajas. Pero entre tanta nebulosa, en los últimos días la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado algunos claros gracias a nuevos mensajes que Koldo García guardaba en sus dispositivos.
Unos wasaps que evidencian que la sombra de la todopoderosa vicepresidenta de Nicolás Maduro se extiende mucho más allá de aquella madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Madrid.
El “no viaje” —como lo llama Pedro Sánchez— de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid el 20 de enero de 2020 ha vuelto al debate público en la prensa y las tribunas políticas españolas luego de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
El informe revela que el presidente del gobierno español estaba enterado desde días antes de la visita de Rodríguez, quien tenía prohibido desde 2018 pisar territorio del denominado espacio Schengen (una área que incluye a 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos en los límites comunes).
El propio Sánchez ha admitido la veracidad, al menos, de ese dato del informe, que la UCO extrajo de una toma de pantalla del teléfono móvil del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, quien recibió a Rodríguez en el aeropuerto de Barajas.
La versión inicial del suceso, bautizado como Delcygate, era que la vicepresidenta venezolana necesitó realizar una “parada técnica”. Es decir, ni estaba en Madrid ni se le esperaba, lo cual resultó ser una mentira. Sánchez maquilla el asunto con la curiosa expresión del “no viaje”: Rodríguez estuvo en territorio español pero él no la recibió, por lo tanto, no estuvo. La política da para todo.
Por supuesto que el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid era más que una parada técnica y más grave, al efectivamente producirse, que la violación de una orden de por aquí no se acerque. En Venezuela es imposible acceder a información pública al respecto.
La prensa sabe de sobra, porque lo padece a diario, el secretismo que acompaña todos los pasos del régimen de Nicolás Maduro. En España, sin embargo, tiene serias implicaciones para el gobierno de Pedro Sánchez, salpicado de casos en los que hay más que “atisbos” —otra palabra del presidente de gobierno español— de corrupción.
Ábalos fue protagonista en 2020 de otro caso que sacudió al ejecutivo, al reunirse en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien tenía prohibida la entrada al territorio Schengen por la Unión Europea. La prensa conservadora en España lo bautizó como el «Delcygate».
El entonces ministro negó haberse encontrado con ella, luego cambió su versión varias veces, y la historia fue utilizada por la oposición del conservador Partido Popular (PP) y de Vox (ultraderecha), para desgastar su credibilidad y la del gobierno, a pesar de que judicialmente el caso fue cerrado.
Sin embargo, la investigación de la UCO reveló posteriormente que Delcy Rodríguez mantuvo vínculos con algunas personas de la trama corrupta en la que también se investiga al exministro.
Ábalos, el ministro que se desplazó a Barajas a esperar a Delcy, ya está fuera del gobierno, después de ser un muy próximo colaborador del presidente, y del PSOE, donde era el número dos, solo por debajo de Sánchez. Dos personajes más, relacionados a su vez con el “no viaje” de la vicepresidenta, son Koldo García, exasesor de Ábalos, y Víctor de Aldama, ambos detenidos. El primero por presunta corrupción en la compra de mascarillas, el segundo por un presunto fraude de 180 millones de euros.
Aldama, empresario, expresidente de un equipo de fútbol, estaría implicado también en la venta ilícita de 104 barras de oro venezolanas, por un monto de 68,5 millones de dólares. Las pesquisas de la UCO han dado con comunicaciones entre Aldama y Rodríguez para concretar esa transacción dos semanas antes de que la vicepresidenta viajara a Madrid.
Un complejo entramado de relaciones y negocios ocultos entre Madrid y Caracas, donde despacha y se da el vuelto un gobierno sancionado por la Unión Europea, de ninguna credibilidad política y célebre por su corrupción endémica. ¿Si la visita de Delcy Rodríguez se pactó con antelación por qué se mintió al respecto? ¿Cuánto pesan estas relaciones “oficiosas” en la posición del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al fraude electoral cometido en Venezuela y el reconocimiento del resultado de los comicios que dio ganador a Edmundo González?
El tercer gran nombre que ha destapado la «Operación Delorme» es el de Santos Cerdán, precisamente la persona que sustituyó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE cuando el exministro fue destituido por Sánchez.
Cerdán era un hombre de la máxima confianza del presidente del gobierno y tenía un gran poder en el partido.
El propio Sánchez dijo al destaparse la presunta vinculación de Cerdán con la trama corrupta que «hasta esa misma mañana» había creído en las explicaciones que le proporcionaba el hombre que él mismo puso como número 3 del PSOE.
Santos Cerdán fue, además, una de las personas que apoyaron a Sánchez cuando se presentó como candidato a las primarias del partido en 2014, cuando pocos apostaban por él.
Las grabaciones de la UCO, en las que Cerdán, Ábalos y Koldo García presuntamente hablan de mordidas, también han desvelado otra corruptela. En uno de los mensajes, Cerdán le dice a García que introduzca dos papeletas «sin que te vea nadie» en la urna de esas primarias de 2014, aparentemente a favor de Sánchez.
El ahora presidente del gobierno ganó las primarias por una mayoría de más de 16.000 votos, por lo que esa presunta irregularidad no habría afectado al resultado. Pero esta grabación arroja más sombras sobre el gobierno de Sánchez.
El presidente del gobierno español ha negado estar al tanto del caso de corrupción y ha desvinculado el asunto del partido, asegurando que se trata de algo que afecta solo a unas pocas personas.
Pedro Sánchez ha descartado que vaya a dimitir.
Pero en abril de 2024, el presidente del gobierno español mantuvo un dramático suspense de cinco días sobre su futuro debido a la decisión de un tribunal de abrir una investigación sobre la presunta implicación de su esposa, Begoña Gómez, en un caso de corrupción y tráfico de influencias.
La denuncia fue interpuesta por varias asociaciones relacionadas con la ultraderecha y por el partido Vox, a pesar de que la UCO hizo un informe en el que no encontró delitos y la Fiscalía solicitó su archivo.
Tras cinco días en los que sopesó si seguir al frente del gobierno, Sánchez anunció que no dimitiría, afirmó que había motivaciones políticas detrás de las acusaciones contra su mujer y que el verdadero objetivo de la denuncia era acabar con su ejecutivo.
Pero no es el único caso que afecta al entorno del líder socialista.
El hermano del presidente, David Sánchez, también está en el ojo de la justicia e irá a juicio por supuesto tráfico de influencias y prevaricación por cómo se le otorgó el cargo público regional que ostenta.
Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aliado de Sánchez, también será juzgado por revelar información confidencial en un caso que implica a la pareja sentimental de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un peso pesado el PP.
En España cualquier persona o partido político se puede presentar como acusación particular en un proceso penal si se considera víctima de un delito, algo que ha sido usado con relativa frecuencia paara desgastar a adversarios políticos.