Bonos gubernamentales no compensan la pérdida económica ni cubren necesidades básicas. La ONG denuncia retroceso social, exclusión y empobrecimiento generalizado. Exigen ingresos dignos ajustados a la canasta básica y condiciones justa
Cientos de trabajadores venezolanos se movilizaron en Caracas y otras ciudades para exigir aumentos salariales y pensiones dignas, denunciando que los actuales ingresos no alcanzan a cubrir necesidades básicas.
Las protestas reflejan el descontento generalizado frente a lo que califican como “salarios de hambre” y condiciones laborales precarias.
La ONG Provea afirmó que el salario mínimo y las pensiones se mantienen en 130 bolívares, equivalentes a apenas 0,57 dólares mensuales según el tipo de cambio oficial, mientras los bonos adicionales otorgados a empleados públicos no afectan beneficios laborales como vacaciones o liquidaciones.
Según Provea, esta política de estancamiento salarial ha erosionado el poder de compra de las familias y desvalorizado el trabajo, en un contexto de retroceso económico y aumento de la desigualdad y exclusión social.
El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que los bonos “de alimentación” e “ingreso por guerra económica” ayudan a contrarrestar la inflación y las sanciones, pero gremios y organizaciones educativas sostienen que son insuficientes frente al costo de la canasta básica, que supera los 500 dólares.
Provea insiste en que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar ingresos suficientes para una vida digna, ajustados regularmente a la inflación, algo que hasta la fecha consideran incumplido, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad económica permanente.