Medios informativos recuerdan a los ciudadanos verificar su centro de votación: en la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) hacer click en el enlace “Registro Electoral” y colocar el número de cédula, inmediatamente se desplegará información con los datos del centro electoral.
Si el ciudadano no puede contar con los datos, noticias y acciones institucionales que lo ayuden a participar libremente y a ejercer el derecho al voto informado se abre un espacio fértil a los rumores y bulos, a la difusión de contenidos manipulados o con falsos contextos.
La política parece un arte emotivo en donde la gente necesita creer en algo; y en una sociedad en la que se ha jugado a la antipolítica, ahora es más fácil creer en la mentira. Así la política queda a la intemperie, sin el arraigo de la confianza que construye consensos. La mentira le ha dado réditos al poder. Donde ella impera, sojuzga el miedo, y se amenazan las relaciones cooperativas. Ese efecto se palpa en el ambiente electoral, en donde la desinformación pasa a convertirse en un actor central.
En Venezuela hay muestras contundentes que implican a la desinformación como parte de la política gubernamental. De forma deliberada e intencional los actores maliciosos desinforman a las personas, meten ruido en el ecosistema comunicacional para impedir la conversación pública, se favorece la fragmentación, la polarización y se allana el camino al populismo que es siempre poco respetuoso de las reglas democráticas.
Los antecedentes más importantes que en esta era explican los efectos de la desinformación electoral reposan básicamente en eventos del año 2016: Estados Unidos eligió a Donald Trump como presidente y el Reino Unido abandonó la Unión Europea (Brexit); mientras tanto, en Colombia sorpresivamente se impuso el “No” en la consulta del plebiscito por la paz. De la estrategia dio cuenta el gerente de campaña del “No”, Luis Carlos Vélez, quien confesó que no se dedicaron a contrarrestar los argumentos del gobierno de Santos, les bastó centrarse en las emociones negativas del ciudadano. En esas tres decisiones democráticas las campañas de desinformación tuvieron su peso específico.
En este artículo se hace un breve inventario de los aspectos del proceso electoral que resultan afectados por el desorden informacional, cuyo correlato dispara contra la participación. Hay que leer este reporte con los pies en el contexto político venezolano, en el que desde hace mucho rato al que disiente o al adversario político se le señala como el enemigo a desterrar, al tiempo que se promociona lo que Jennifer McCoy llama polarización perniciosa, en desmedro de la democracia.
Aunque este corto reporte se refiere a la responsabilidad de las instituciones públicas, se advierte que en la desinformación trajina un elenco de amplificadores entre los que figuran los aspirantes a los cargos, los voceros de los partidos políticos, los líderes de opinión o los actuales influencers, los medios y los periodistas.
Corresponde a todos fortalecerse la educación en valores democráticos, que implica comprender la obligación de mantenerse informado para participar en la vida pública en clave ética.
¿Cuándo se requiere información electoral?
Siempre. La información electoral comprende un amplio rango de datos, noticias, y normas, etc., que acompaña al proceso electoral, definido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) como el conjunto de actos y actuaciones que en forma sucesiva debe desarrollar el CNE para garantizar el sufragio, la participación política y la soberanía popular, como fuente de la cual emanan los órganos del Poder Público.
Se insiste, la disposición oportuna de esa información es responsabilidad principalmente del CNE por ser el órgano de ejercicio del Poder Electoral. Aunque en clave desinformativa, tienen igual o más incidencia las acciones del Ejecutivo, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Contraloría General de la República.
Al tratarse de un proceso que cuenta con diferentes etapas y en cada una de ellas puede surgir la desinformación, todas merecen atención precisa, de manera que la información se necesita incluso antes de que se convocara al proceso electoral.