La expulsión de Estados Unidos de 252 venezolanos que luego fueron recluidos en la cárcel de máxima seguridad del CECOT en El Salvador, basada en una ley de tiempos de la guerra de independencia, ha vuelto a estar en el centro del debate, y ahora los afectados por la medida esperan acceder a algún tipo de reparación.
El juez federal James Boasberg, el mismo que emitió en marzo una orden judicial de emergencia instando al regreso de los aviones que los trasladaban a El Salvador, otorgó el 23 de diciembre dos semanas al Gobierno de Donald Trump para generar las condiciones necesarias para que esos hombres puedan impugnar la deportación ante una corte.
Ese plazo se vence el 5 de enero y este 26 de diciembre un grupo de los afectados ha exigido a la administración Trump garantías para proceder ante tribunales estadounidenses en contra de la deportación.
«Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas», indicaron los migrantes en una carta leída durante una conferencia de prensa junto a la viceministra de Comunicaciones de Venezuela, Camilla Fabri.
El dictamen del juez Boasberg allana el camino para que los hombres exijan algún tipo de reparación, al reconocer que no tuvieron acceso al debido proceso durante la atropellada expulsión, que se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento de la época de la independencia, que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial.
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