La violencia entre el ELN y la disidencia de las Farc en el Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana, aumenta las muertes y desplazados y pone al descubierto la operación de organizaciones criminales binacionales que obstaculizan el proceso de paz en Colombia y, del otro lado, el cambio hacia la transición democrática en Venezuela.
Ante el aumento de la violencia en la región del Catatumbo, producto del reencuentro de enfrentamientos entre el ELN y el ‘frente 33’ de las disidencias de las FARC, el gobierno colombiano ha desplegado un refuerzo de seguridad que combina operaciones terrestres y aéreas.
El objetivo es contener a los grupos armados y proteger a la población civil, amenazada por la reciente oleada de confrontaciones.
La región del Catatumbo enfrenta una grave crisis humanitaria al inicio de 2025, marcada por intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
Más de 250 personas han sido desplazadas, principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, con una situación particularmente crítica en el corregimiento de. Estos choques armados han generado una emergencia a gran escala en la zona, afectando severamente a la población civil y sus condiciones de vida.
La violencia persistente agrava la inestabilidad y las necesidades humanitarias en esta área fronteriza.
El Catatumbo es considerado un corredor clave, entre los dos países, para el tránsito de drogas hacia territorio venezolano para su posterior exportación a mercados internacionales. Este corredor, además, funciona como “zona colchón”, limitando el alcance de las operaciones militares colombianas en la frontera venezolana, precisa la publicación.
La violencia provocada por las guerrillas generó desde el 16 de enero 56 muertos y 54,098 desplazados, según el más reciente informe del Ministerio de Defensa de Colombia. Mientras, el presidente Gustavo Petro acusa al cartel mexicano de Sinaloa de ser el jefe del ELN
Apoyo de Venezuela
El respaldo de Venezuela al ELN como estructura binacional y su alianza estratégica no es un tema nuevo. Comenzó con el gobierno de Hugo Chávez, que dio armamento y recursos de inteligencia, mientras daba rienda suelta a la radicalización.
Luego, el Departamento de Justicia de EEUU señaló a altos funcionarios de Chávez de facilitar la reubicación de los grupos guerrilleros colombianos en territorio nacional y garantizar corredores para el tráfico de cocaína.
A partir de 2013, Maduro en el poder “intensificó la colaboración” con los grupos guerrilleros colombianos y fortaleció la estructura del Cartel de los Soles, conformado por militares, para darles garantías y respaldo institucional a las operaciones del narcotráfico, dice.
El análisis menciona el caso emblemático del general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, quien fue condenado en fecha reciente por la justicia de EEUU a 21 años de prisión, por dar apoyo como uno de los líderes del Cartel de los Soles a las Farc.
Protector del régimen de Maduro
Según la publicación, los grupos guerrilleros colombianos no solo expandieron sus operaciones en Venezuela, bajo la protección de la llamada Revolución Bolivariana, sino que además el ELN ha asumido el rol político de proteger la permanencia de Maduro en el poder, como una “guardia pretoriana”.
“Esta evolución condujo gradualmente a la transformación de su estructura militar en una especie de guardia pretoriana, lista para defender al régimen venezolano, lo que incluía la represión de las organizaciones de oposición venezolanas y otros enemigos potenciales, como los grupos criminales renegados», según el trabajo de los investigadores, citado por la publicación.
En la práctica, el «anillo de protección territorial” del ELN se ha convertido en respaldo armado adicional para Maduro, más allá de las fuerzas armadas regulares. Y asegura que “los negocios ilícitos de la guerrilla financian a actores claves del chavismo —militares, funcionarios y autoridades locales y regionales—, quienes reciben ingresos sustanciales que refuerzan su lealtad al régimen”.
La combinación de los factores apoyo armado y actividad delictiva fortalecerían la supervivencia del chavismo y la capacidad de Maduro de resistir presiones “democratizadoras” internas y externas, y también dificultaría el retorno a la democracia de Venezuela, a través de la transición pacífica.
“Desmantelar estas redes ilícitas y recuperar el control estatal en estas zonas implicará confrontar a grupos armados y mafias enquistadas en las instituciones, un esfuerzo que requerirá necesariamente la colaboración con Colombia para atacar de manera conjunta las fuentes de poder que sostienen al ELN en ambas naciones”.