Transparencia Venezuela, capítulo de Transparency International, cerró sus operaciones en el territorio venezolano en diciembre de 2024 y a partir de ese momento trabaja desde el exilio para seguir combatiendo la corrupción y la impunidad.
Hace unas horas, Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, expuso en una entrevista con Aristegui Noticias que numerosos casos de corrupción milmillonaria en Venezuela son investigados en al menos 30 países.
Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, reveló que más de 500 casos de corrupción millonaria en Venezuela están siendo investigados en al menos 30 países, con activos ilícitos superiores a los 72.000 millones de dólares.
Estos casos incluyen desvío de recursos públicos y operaciones financieras encubiertas, muchas de las cuales han sido rastreadas mediante cooperación internacional. Aunque solo 172 casos están en proceso judicial, la magnitud del problema refleja un sistema de corrupción sistémico que trasciende fronteras. La labor de Transparencia Venezuela busca aumentar la rendición de cuentas y promover mecanismos de justicia global.
La fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, asegura que la ONG identificó estos más de 500 grandes casos de corrupción socialista, pero el sistema judicial de más de 30 países procesa 172 y solo el 60 por ciento de esos casos suman la milmillonaria cifra…
De Freitas explica que, “los números nuestros de corrupción, que se ha sustraído de los recursos públicos del país, son cientos de millones de dólares”, y sostiene que esto “explica” el deterioro económico y de servicios públicos en el país.
Milmillonarios escándalos
Desde el ascenso del presidente Hugo Chávez al poder hasta la llegada de Nicolás Maduro y ahora la presidencia interina de Delcy Rodríguez el país ha sido testigo de múltiples escándalos de corrupción que han expuesto cifras millonarias desviadas.
A principios de 2023, el Ministerio Público venezolano reveló una trama donde altos funcionarios de la estatal petrolera utilizaban criptoactivos para comercializar petróleo y evadir sanciones, pero el dinero de esas ventas nunca ingresó a las arcas del Estado.
Aunque las cifras oficiales del Ministerio Público hablaron de montos menores, la investigación de Transparencia Venezuela y expertos financieros calcularon una brecha de «cuentas por cobrar» de aproximadamente $21.200 millones. De esa cantidad, se estima que al menos $3.000 millones se perdieron directamente a través de operaciones con criptomonedas que no dejaron rastro.
Por este caso, la justicia venezolana expuso al entonces ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas Simón Zerpa, y el empresario Samark López Bello. Los tres siguen detenidos.
Otro caso recordado es el de la constructora brasileña Odebrecht. El esquema consistía en el pago de coimas a funcionarios para obtener contratos de grandes obras de infraestructura (puentes, líneas de metro, centrales eléctricas) que quedaron inconclusas o nunca se iniciaron.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó al menos $98 millones en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015. Sin embargo, el daño patrimonial es mucho mayor: Transparencia Venezuela identificó que el Estado venezolano asignó más de $30.000 millones a 40 proyectos de la constructora, de los cuales la gran mayoría quedaron abandonados, dejando al país con una infraestructura colapsada.
En la misma “temporada” de casos de corrupción, Transparencia Venezuela determinó entre 1999 y 2016 se destinaron más de $37.000 millones para el sistema eléctrico (plantas eléctricas y equipos que, en muchos casos, eran usados o no eran compatibles con el sistema nacional”. De ese monto, se estima que al menos $23.000 millones presentan irregularidades o no pueden ser auditados, explicando por qué, a pesar de la inversión, el país sigue sufriendo fallas constantes.
Cambio de estructura
“Esto explica la represión, las torturas, ese control absoluto, porque hay que cuidar ese estado de corrupción, un estado de corrupción que tiene que ver con el crimen organizado”, denuncia la representante de Transparencia Venezuela.
De Freitas afirma que, tras investigaciones realizadas desde 2018 hasta la actualidad han podido determinar que “desde hace años que la relación entre el Estado y los grupos criminales es simbiótica”.
“Esto es, (relación simbiótica) en las clasificaciones académicas, una clasificación donde no existe diferencia y no hay límite, no está claro donde termina el Estado y donde empiezan los grupos criminales”, explicó.
Aseguró que el arco minero del Orinoco, en los estados Bolívar y Amazonas ha sido blanco de esta corrupción. “Ahí empezaron a entrar las alianzas estratégicas, las alianzas estratégicas es la figura para entregar los permisos para la explotación. Todos esos permisos se los dan solo amigos del alto gobierno”, apuntó.
Sostiene que, en verificaciones de su investigación, “los propietarios tienen una relación directa con personajes del alto gobierno”.
De Freitas expuso que, para detener todos estos casos de corrupción en Venezuela es necesario cambiar su estructura. “Para empezar un proceso nuevo, necesitamos cambiar la estructura del estado, no solo gente diferente, hace falta órganos de justicia independientes, que la seguridad y la defensa estén del lado del ciudadano, necesita una reforma electoral”, expresó.
Sentenció que “Cambiar todas estas cosas a nosotros nos indica que no ha empezado todavía, que no podemos hablar aun de transición”.
En desarrollo…