ACUSADO EN EE.UU. | El banquero venezolano Jorge Luis Figueira, de 59 años, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta 1.000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció el Departamento de Justicia de Virginia de EEUU. Estaría enfrentando 20 años de cárcel si el dictamen es culpable.
Jorge Luis Figueira, padre del fundador de Cashea, enfrenta acusaciones en EE.UU. por lavar más de mil millones de dólares mediante criptomonedas, en México, Colombia, China y Panamá. El FBI ha certificado su participación en actividades que podrían violar leyes contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El esquema: Criptoactivos y empresas fachada
De acuerdo con los documentos judiciales presentados en el Distrito Este de Virginia el pasado 9 de enero de 2026, Figueira utilizaba una empresa de consultoría financiera con sede en Miami como fachada para sus operaciones ilícitas. El esquema consistía en recibir grandes sumas de dinero en efectivo o en la criptomoneda estable USDT (Tether) para luego «limpiar» los fondos a través de una red de empresas de maletín.
La investigación destaca las conexiones internacionales de sus operaciones, lo que sugiere un esquema complejo de movilización de capitales fuera del control regulador.
Su caso forma parte de una tendencia creciente de persecución internacional según el FBI.
Lavado de activos en criptomonedas
Cabe destacar que la fiscal federal Lindsey Halligan calificó el caso como una “amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública”. A través de un comunicado, resaltó la magnitud de la conducta delictiva que, a su juicio, alcanza una “escala alarmante” para las autoridades.
Posteriormente, como CEO del Nodus International Bank de Puerto Rico, figuró en la cúpula de una entidad controlada por los venezolanos Tomás Niembro Concha (dueño del 60% y Presidente) y Juan Francisco Ramírez (dueño del 40%).
El banco colapsó en 2023 en un fraude que afectó a miles de ahorristas y generó pérdidas por más de 90 millones de dólares. Niembro ha sido señalado en reportes como operador del banquero Víctor Vargas Irausquín, propietario del extinto Banco Occidental de Descuento (BOD).
En contraste, en diciembre de 2017, Figueira firmó un donativo de 5.000 dólares para la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El rector Francisco Virtuoso recibió los fondos, destinados a programas académicos y sociales, que serían manejados desde Estados Unidos por la Andrés Bello Catholic University Foundation.
Esta donación hoy se observa como un gesto menor frente a los colosales montos que la justicia estadounidense le adjudica en su más reciente y grave proceso legal.
Las cargos se basan en su supuesta participación en una red compleja que utilizó activos digitales para ocultar fondos ilícitos.
Según las investigaciones, Figueira se valió de una compleja estructura para el blanqueo de capitales. Su modus operandi incluyó la creación de una red de empresas inexistentes, uso de billeteras privadas de criptomonedas y manipulación de plataformas de intercambio. Movilizaba el capital entre divisas tradicionales y criptoactivos. Esta estrategia permitía diversificar los métodos de envío y evadir los controles regulatorios y de vigilancia.
Aunque no hay detalles sobre su involucramiento directo en Cashea, su relación con figuras políticas venezolanas genera preocupación sobre posibles vínculos entre criptoactivos y corrupción.
Captura y proceso judicial
Jorge Figueira, quien posee nacionalidad venezolana y española, fue detenido para hacer frente a la justicia estadounidense tras una investigación del FBI que incluyó el uso de transacciones controladas y el análisis de la cadena de bloques (blockchain). A pesar de sus intentos por ocultar el rastro digital, la transparencia de los registros de criptomonedas permitió a los agentes federales mapear su operación con precisión.
El acusado enfrenta cargos por conspiración para lavar instrumentos monetarios. De ser hallado culpable, Figueira podría recibir una sentencia máxima de 20 años de prisión federal.
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«Esta acusación demuestra que el uso de tecnologías financieras avanzadas no protege a los criminales de la supervisión de la ley», indicaron fuentes del Departamento de Justicia durante el anuncio del caso, considerado uno de los mayores procesos por lavado de criptoactivos en la historia reciente del distrito.
La fiscal federal, Lindsey Halligan, destacó la gravedad del proceso al señalar que el caso constituye “una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública”. La funcionaria del Distrito Este de Virginia explicó que la alta conducta delictiva investigada contra el venezolano alcanza una “escala alarmante para las autoridades” de EE UU.
Este caso destaca los riesgos del uso de criptomonedas en delitos financieros.
En desarrollo…