Ingeniero Rubén Morales, presidente del Frente Anticorrupción del estado Lara
El ingeniero Rubén Morales, presidente del Frente Anticorrupción del estado Lara y contralor itinerante, denunció, a María Iris Varela Rangel exministra de Asuntos Penitenciarios; aunque enfrenta desafíos institucionales, su trabajo destaca por coordinar redes nacionales e internacionales para fortalecer la defensa de los derechos humanos y combatir la corrupción en Venezuela.
A.C. Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo, ha sido actor clave en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente tras el lanzamiento de su comunicado en julio de 2021.
Su influencia se mantiene positiva a pesar de intentos legislativos que amenazan su labor, como el proyecto de ley denunciado en 2023 por más de 400 organizaciones.
El marco internacional, como el Tratado de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, respalda sus esfuerzos.
La Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo es una organización dedicada a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en Venezuela.
A través de campañas educativas, denuncias éticas y trabajo legislativo, busca fortalecer la cultura anticorrupción.
Su enfoque se centra en empoderar a la sociedad civil para que actúe como contrapeso al mal uso del poder público.
Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo: Denuncia diversas irregularidades admirativas durante gestión en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios de Iris Varela.
La marca de nacimiento del Minserp es la violencia. Fue creado en el contexto de la masacre del Rodeo I (junio 2011), que dejó 22 reos muertos.
Siete meses después del decreto de emergencia para la construcción de cárceles, ocurrió la masacre del Centro Penitenciario de Centroccidente, mejor conocido como la cárcel de Uribana, que terminó con un saldo de 65 muertos y más de 100 heridos.
Considerada como una de las más sangrientas la historia carcelaria venezolana, con repercusión internacional, propició que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una medida de protección.
Rubén Morales, presidente de la Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo, ha denunciado diversas irregularidades admirativas durante la gestión de la ex ministra del sistema penitenciario Iris Varela.
Morales ha afirmado que la fiscalía y la contraloría han engavetado casos de corrupción de altos funcionarios, lo que ha llevado a una profunda ineficiencia y malversación en la administración pública.
Para la Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo, Iris Varela está bajo sospecha. Su gestión frente al Ministerio de Asuntos Penitenciarios (Minserp) es uno de los 37 casos que investiga la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional por corrupción, anunciados en mayo de 2016. Bajo el expediente #1658, se asienta la denuncia de que la titular habría cometido el delito de desviación de fondos públicos por 6 millones 465 mil dólares, equivalente a 64.655.949 bolívares.
Además, ha criticado la falta de cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y sus Reglamentos, lo que ha permitido la desviación de recursos públicos sin control alguno. Iris Varela recibió $348 millones y solo construyó 2 de 24 cárceles prometidas.
Iris Varela fue investigada por corrupción en la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional y en otras instancias por el ingeniero Rubén Morales. Habría desviado fondos públicos por 6,5 millones de dólares; pero estas denuncias presuntamente dieron archivadas, desechadas u ocultadas.
Sólo ha entregado 2 de los 24 centros penitenciarios que anunció en 2012. Al cierre de 2015, inauguró 6 módulos y anexos de los cuales solo uno es comunidad penitenciaria con capacidad para 1900 reos
Entregó contratos a “dedo” bajo la emergencia carcelaria decretada desde 2002 por Hugo Chávez y no es la primera vez que Varela, ratificada como ministra de Asuntos Penitenciarios en enero de 2016 por el presidente Nicolás Maduro, es relacionada con irregularidades administrativas.
De las 28 empresas que aparecen en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedoras de materiales y alimentos o servicios de construcción para el Fondo de Edificaciones Penitenciarias (Fonep), adscrito al Minserp, resalta una compañía: M.M Ingeniería Construcción Servicio. Fue constituida en 2008 y domiciliada en la urbanización Propatria de San Cristóbal, estado Táchira, tierra natal de la titular.
En el marco de la emergencia carcelaria vigente desde 2012, el Minserp otorgó 7 proyectos a M.M Ingeniería Construcción Servicio para trabajos en el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana, Lara); Internado Judicial El Rodeo (Miranda) y el Internado Judicial de Barinas, entre otros.
Para el momento en que se otorgan los contratos (entre 7 de agosto y 5 de diciembre de 2013), uno de los dos propietarios de la compañía, José Gregorio Maldonado Noguera, era al mismo tiempo director general de la Oficina de Recursos Humanos del Minserp, es decir, funcionario de alto cargo y de confianza de la ministra.
Además, era compañero sentimental de Varela y padre de la hija menor, según asegura el exdiputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira), quien presentó la denuncia ante la Comisión de Contraloría de la anterior AN el 13 de agosto de 2013.
Según Iris Varela, exministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, durante su gestión la pacificación de las cárceles alcanzó casi el 100%.
No obstante, no existe evidencia que demuestre que esté formando o dirigiendo al Tren de Aragua. Además, ha negado que Venezuela exporte delincuencia a otros países de América Latina, argumentando que cada nación de la región cuenta con su propia delincuencia organizada.
Iris Varela, abogada y política venezolana, ha sido señalada de formar y direccionar al Tren de Aragua, pero no hay evidencia que respalde que esté «hecho».
Recientemente, ha circulado rumores sobre su fallecimiento, pero estas afirmaciones son falsas y han sido desmentidas por fuentes confiables.
La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Iris Varela, rechazó este domingo las afirmaciones sobre la existencia de centros de tortura en Venezuela, calificándolas de “patrañas” durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por VTV.
IRIS VARELA EXIGE CASTIGO PARA LOS VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR QUE OPINAN Y DISIENTEN, LOS QUIERE FUERA DE LA AMNISTÍA Y MARCADOS COMO TRAIDORES, PERO CALLA QUE HABLA QUIEN FUE MINISTRA DE CÁRCELES, LA MISMA QUE ENTREGÓ EL SISTEMA PENITENCIARIO A LOS PRANES, CONVIRTIENDO LAS PRISIONES EN UN ESTADO PARALELO DONDE EL CRIMEN MANDÓ CON PERMISO POLÍTICO; BAJO SU GESTIÓN NO SE COMBATIÓ LA VIOLENCIA, SE ADMINISTRÓ, SE LEGITIMÓ Y SE DEJÓ CRECER HASTA PARIR MONSTRUOS COMO EL TREN DE ARAGUA.
Sistema Penitenciario continúa estancado en una crisis
Rubén Morales, presidente de la Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo ha presentado un Informe, donde alerta sobre el colapso del sistema penitenciario
El informe registra graves violaciones a los derechos humanos como hacinamiento crítico, muertes por falta de atención, uso político del encierro y una gestión carcelaria basada en la corrupción, negligencia y castigo.
Durante el 2024, la población reclusa fue de 22.019 personas, mientras que la capacidad instalada apenas alcanza para 15.096, lo que representa un nivel de hacinamiento de 145,85%.
Cárceles sin construir
La ministra Varela tiene una deuda pendiente desde hace 4 años. El 15 de junio de 2012 anunció la construcción de 24 cárceles exclusivamente para reos procesados, es decir los apresados que aún no han recibido condena. En una etapa inicial, según la funcionaria, se levantarían los primeros 8 centros en Caracas, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Zulia, con capacidad para albergar entre 250 y 500 presos respectivamente. Contarían con celdas por cada tres presos, pabellón de mujeres, canchas deportivas, áreas verdes y salón de usos múltiples. Serían inaugurados en dos años, es decir, en 2014.
El Ministerio del Servicio Penitenciario continúa cerrando recintos sin habilitar nuevas instalaciones, lo que ha agravado el hacinamiento y convertido los traslados en castigos adicionales para las familias.
La alimentación en los recintos penitenciarios sigue marcada por la desnutrición, la escasez y la corrupción, con muchas comidas sirviéndose en estado de descomposición y sin nutrientes ni balance.
Tampoco valió que Varela, con un año y 3 meses en el cargo, fuese investida en octubre de 2012 con un decreto de emergencia en materia de infraestructura penitenciaria –con tres meses prorrogables–, para dar celeridad a esas construcciones. La urgencia estuvo precedida por dos de las peores tragedias carcelarias de los años recientes: Masacre de El Rodeo (junio de 2011), que dejó un saldo de 19 muertos y Cárcel de Yare I (agosto 2012), en la que murieron 20 reos.
El incumpliento del cronograma de entrega de cárceles desdice el carácter de emergencia del decreto. Entre 2012 y 2016, sólo han sido inaugurados 2 de los 24 edificios prometidos bajo el mandato de “dignificar al recluso y el respeto a la vida”. Para que no haya duda de los objetivos de las construcciones, el 27 de septiembre de 2012, la ministra ratificó que acabarían con “el problema de hacinamiento y la falta de clasificación”.
No se trata de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios (Minserp) no haya entregado ninguna obra desde que fuera creado en 2011, pero existen incongruencias. Al cierre de 2015, Varela anunció que fueron inaugurados 8 centros aunque que la memoria y cuenta de ese año indica que fueron entregados 6 recintos. Con ello, cubriría en parte su promesa pendiente.
Sin embargo, salvo el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de julio”, ubicado en Guárico (que alberga 1.970 reos), lo que la ministra presentó como cárceles son en realidad módulos y anexos nuevos o rehabilitados con capacidad para menos de 150 presos cada uno en promedio. Para que una cárcel nacional, internado judicial o centro penitenciario sea considerado como tal, debe contar con una capacidad de 500 plazas en adelante, según estándares internacionales, subraya el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Con el Defensor, en rueda de prensa de enero 2015, anunciando que abrirían 8 cárceles en 2015
Antes de 2015, la primera cárcel abierta durante la gestión de Varela fue la Comunidad Penitenciaria Fénix en Lara, inaugurada en 2013, cuya construcción fue iniciada por Tareck El Aissami cuando era Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
La administración de Varela sólo ha construido 11% de las cárceles prometidas. Esta medida se calcula no por el número de centros penitenciarios construidos hasta el cierre de 2015 (8 de 24 prometidos) sino por el número de plazas creadas dentro de ellos para atender la totalidad de la población carcelaria, que en 2015 alcanzó 50.791 reclusos (2.629 mujeres y 48.162 hombres) según la memoria y cuenta 2015 del Minserp.
Dinero tras las rejas
El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep) es el organismo encargado de la construcción y rehabilitación de los centros de reclusión del Minserp. Fue creado en 1995, durante el gobierno de Rafael Caldera y funcionó como organismo adscrito al MIJP hasta 2011, cuando pasó a formar parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Su sede se encuentra en un edificio de oficinas de Macaracuay, a 6 kilómetros de la sede principal del ministerio, ubicado en El Rosal.
Está presidido por Adrilú Alvarez Marcano, ingeniera de origen tachirense como la ministra Varela quien la designó en el cargo el 3 de julio de 2012. No se le conoce experiencia anterior en el área de infraestructura penitenciaria. Runrun.es solicitó una entrevista por escrito el 31 de enero de 2016, pero hasta la fecha del cierre de este reportaje no se ha obtenido respuesta.
En contraste con la inversión inicial presentada por Chávez en 2012 de casi 1.500 millones de bolívares para la construcción de 8 cárceles, el presupuesto del Fonep se ha reducido siete veces menos en los últimos tres años: de Bs. 2.471.611.446 a Bs. 349.252.950, es decir, se desplomó 86%. De este último monto, Bs. 286.000.000 (81%) fueron destinados al proyecto “Construcción, ampliación, recuperación y dotación de los establecimientos penitenciarios”, según indica la Memoria y Cuenta 2015.
Para 2016, no se conocen planes de construir nuevas cárceles. Al menos no están incluidos entre los proyectos de Asuntos Penitenciarios correspondientes a este año, según la Memoria y Cuenta 2015. Coincide con la reducción de partida: el Minserp es uno de los organismos públicos al que asignaron menor presupuesto para 2016: Bs. 6.751.667.310 del total (Bs. 1.548.574.181.316), es decir 0,43% del total de la distribución presupuestaria del Estado venezolano.
Violencia y hacinamiento
Hacinamiento es una palabra que la ministra Varela prefiere no pronunciar. El 5 de febrero de 2014, admitió que si bien antes había sobrepoblación carcelaria, aseguró que en el presente se había solucionado con el trabajo del Minserp. Incluso, el 28 de enero de 2016, la viceministra Marielys Valdez descartó las denuncias sobre penales y calabozos asegurando que “no existía hacinamiento”. Puso como ejemplo que si un penal tiene una capacidad estimada para atender a 2 mil internos y alberga 7 mil, no significa que haya “presos durmiendo encima de otros o que no tengan espacio para movilizarse”.
Por cierto, el director del OVP, Humberto Prado desmonta la definición que tiene la viceministra sobre hacinamiento diciendo que no se trata de que los presos estén “unos encima de otros”. Según estándares internacionales, afirma el activista, la construcción de una cárcel debe prever celdas individuales con una medida mínima de 4 por 4 metros cuadrados y contarían con cama, poceta, lavamanos, una mesa pequeña y ventana. Los centros en zonas calientes estarían dotados con ventilación adecuada y espacios destinados a talleres, enfermería, actividades educativas, culturales y deportivas. Si se construyen ‘ranchitos’ en esas áreas, se rompe con la infraestructura carcelaria”.
Aunque las autoridades niegan el hacinamiento, las cifras oficiales confirman que el promedio de la sobrepoblación carcelaria llega a 126% coincidiendo con los cálculos, que la ubica en 125%. En el informe 2016, evalúan que “las cárceles en Venezuela se caracterizan, entre otras cosas, por albergar a más personas de las que su capacidad instalada lo permite. Es por ello que el hacinamiento continúa siendo un grave problema dentro del sistema penitenciario venezolano”.
Además, en la propia Memoria y Cuenta 2015 del Minserp se destaca entre los planes de ese año el aumento de la capacidad instalada de los centros penitenciarios en 40% “para combatir el hacinamiento”. No lo dirán sus voceras, pero por escrito destaca como uno de sus principales objetivos.
La práctica de Varela de desalojar los establecimientos donde el hacinamiento era crítico y el posterior traslado de los reclusos a otros recintos no ha mejorado el problema de hacinamiento. Peor aún, ha incrementado la sobrepoblación en los centros donde son reubicados.
FONEP ES EL FONDO DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS
El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) ha sido objeto de investigaciones por irregularidades administrativas y corrupción. Su gestión, dependiente del Ministerio de Asuntos Penitenciarios (Minserp), está entre los 37 casos que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga. A pesar de su autonomía legal y patrimonial propia, el FONEP ha enfrentado críticas por su manejo financiero. Se ha propuesto derogar la ley que lo creó, evidenciando preocupación sobre su transparencia y eficacia en la ejecución de obras penitenciarias.
El Fonep también padece los embates de la escasez de materiales de construcción. Entre los obstáculos para no cumplir los objetivos, mencionan la falta de acero, cemento, bloques de concreto para darle continuidad a las obras, resalta la Memoria y Cuenta 2014 del Minserp.
El ritmo del levantamiento de centros penitenciarios también está marcado por la caída del sector construcción en 20,2% durante 2015 (BCV).
La investigación de irregularidades administrativas en el FONEP ha revelado que Iris Varela, la ministra de Asuntos Penitenciarios, ha sido acusada de desviar fondos públicos por 6,5 millones de dólares.
Aunque solo ha inaugurado 2 de los 24 centros penitenciarios anunciados en 2012, su gestión ha sido objeto de sospechas y denuncias en la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional.
El ex parlamentario sustentó su denuncia por escrito, advirtiendo que la ministra Varela podría estar incurriendo en el delito de “concierto de funcionario público con contratista y tráfico de influencias”, tipificados en la Ley contra la Corrupción.
Llama la atención que la ficha del RNC de M.M Ingeniería Construcción Servicio no incluye los clientes a los que ha prestado servicios, como el Fonep. Además, en su objetivo social indica que tiene cero experiencia en construcción y mantenimiento.
Un informe de Fonep confirma que hasta abril de 2014 seguía prestando servicios al organismo encargado de la construcción de cárceles del Minserp.
Aparte, el ex diputado Díaz solicitó en 2014 la investigación de otras tres empresas por incumplir procedimientos administrativos: Constructora Greso, Constructora Lupar y Constructora Vialpa, que forman de “un reducido grupo de empresas contratistas que han sido beneficiadas con las jugosas contrataciones” del Fonep.
La solicitud de esa investigación quedó engavetada en la AN, hasta mayo de 2016 cuando la Comisión de Contraloría de la nueva AN incluye a la gestión de Varela entre las investigaciones de irregularidades en la administración pública.
Otra empresa relacionada con el Minserp y que ha estado envuelta en el escándalo es Construcción y Mantenimiento Coinspectra, que salió a la luz por ser la propietaria desde 2004 del avión modelo Citation YV-2030 siglas YV, en el que supuestamente habrían viajado los sobrinos de la primera dama Cilia Flores hasta Haití en noviembre de 2015, para comercializar cocaína. La compañía, dedicada a la construcción, está a nombre de Laura Josefina Pacheco Pérez, esposa de Marcos Uzcátegui, amigo de Varela.
Varela se ha desligado de cualquier irregularidad administrativa. Tres meses después de la denuncia de Díaz, le declaró al Diario Los Andes (18 de noviembre de 2014), “el que tenga denuncias de corrupción comprobadas debe ventilarlo ante los organismos… El presidente le ha declarado la guerra a la corrupción. Luchar contra la corrupción es una bandera de la revolución y por eso nosotros estamos aquí. A mi me pueden llamar guerrillera, pero corrupta no, porque nosotros tenemos una ética de vida y un ejemplo en Chávez”.
Viejas promesas
En 2012, año del decreto de la emergencia carcelaria, hubo motines, reyertas y secuestros pero también piedras fundacionales. El 5 diciembre de 2012, Varela colocó la primera placa en el municipio San Francisco de Maracaibo, para el Centro de Reclusión para Procesados del Zulia, uno de los 24 centros de reclusión prometidos por el Minserp. Con una inversión inicial de 2.050 millones de bolívares, daría albergue a 1.800 internos. Pero aún en mayo de 2016, no ha sido entregado.
Pero Varela no es la única ministra que ha prometido cárceles sin abrir . En marzo de 2006, cuando Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores y el sector penitenciario era administrado por esa cartera, presentó un “plan estratégico para su humanización”, que incluía la apertura de 15 cárceles en 2012 con una inversión de mil millones de bolívares.
En este momento, Jesse Chacón, actual embajador de Venezuela en Austria anunció que ya se estaba ejecutando una de ellas en Falcón que, junto con otras tres, estarían listas en diciembre de 2007; pero nadie le cree.
Su sucesor en el ministerio, Tareck El Aissami (actualmente tras las rejas por la Trama de Pdvsa – Critpo) presentó un plan de Humanización Penitenciaria a ser desarrollado entre 2006 y 2011. Contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, de los cuales sólo se terminaron dos: Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro, mejor conocida como Fénix, que terminó por inaugurar Varela.
La ampliación de la infraestructura carcelaria debe ser una prioridad para el gobierno. No se trata de dar privilegios a los presos sino un trato acorde a su condición humana, en un establecimiento donde existan deberes y derechos mientras paga su condena. Si el fin de la pena es la reinserción de ese ser humano, no puedes meterlo en una ratonera.
Realidad actual en Venezuela de las cárceles y centros de torturas Ministerio de Asuntos Penitenciarios de Iris Varela
En Venezuela, subsisten tres sistemas penitenciarios: los calabozos policiales (centros de detención preventiva); los establecimientos penitenciarios; y el de los presos políticos.
Un nuevo informe revela las condiciones inhumanas en más de 250 centros de detención preventiva, donde los reclusos son sometidos a hacinamiento extremo, maltratos físicos y psicológicos, y negación de atención médica.
El Ministerio del Servicio Penitenciario ha sido criticado por su incapacidad para gestionar adecuadamente la vida y calidad de vida de los detenidos, desplazando su responsabilidad a las familias. La falta de atención médica oportuna y la deficiente salud de los reclusos son causas recurrentes de muerte en las cárceles.
La situación de los centros carcelarios en Venezuela está plagada de hacinamiento, violación al debido proceso, extorsión, insalubridad y mucho más. Una Ventana a la Libertad ha denunciado que el gobierno venezolano ha ido desplazando su obligación como Estado responsable de la vida y calidad de vida de las personas bajo su custodia.
Tortura diaria, insalubridad extrema y abandono
El informe detalla cómo los detenidos enfrentan condiciones infrahumanas: falta de acceso a servicios sanitarios básicos, atención médica nula, alimentación insuficiente y maltratos físicos constantes. A esto se suma la práctica reiterada de castigos colectivos, abuso de autoridad, cobros ilegales por parte de custodios, y la presencia de grupos internos que controlan los espacios mediante violencia.
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