Estados Unidos está presionando a Venezuela para que realice desembolsos de sus activos, exigiendo que los pagos por crudo se gestionen a través de cuentas designadas y bajo el marco legal estadounidense.
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, pidió una mayor inversión estadounidense en Venezuela, en un intento por reactivar la industria petrolera de la nación latinoamericana.
La visita de Wright a Caracas es la primera de un alto funcionario estadounidense desde que Washington destituyó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y lo reemplazó con la exministra de petróleo Delcy Rodríguez, quien en gran medida ha dado la bienvenida a la participación de Estados Unidos en el sector energético.
Esta semana, Washington levantó las restricciones a las empresas estadounidenses que suministran a Venezuela tecnología y equipos para aumentar la producción de crudo, la cual ya ha incrementado considerablemente desde la salida de Maduro.
Aun así, las compañías petroleras estadounidenses y europeas han advertido que Venezuela debe liberalizar aún más su economía si quiere atraer la inversión necesaria para volver a ser un productor líder de petróleo crudo.
Aunque nuevas licencias permiten operaciones con petróleo, se prohíbe directamente el pago en moneda extranjera sin supervisión.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. ha dado un nuevo paso para modular el régimen de sanciones sobre Venezuela, permitiendo operaciones con su petróleo de origen venezolano.
Esto incluye la Licencia General 46A, que permite transacciones relacionadas con el levantamiento, exportación o reexportación, venta o reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega, transporte y refinación de crudo venezolano.
Sin embargo, la licencia no es un levantamiento general de sanciones, sino una autorización acotada con obligaciones de diseño contractual y canalización del dinero.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para ejercer control sobre los ingresos venezolanos, mientras amenaza con sanciones adicionales.
Aunque hubo un alivio parcial en 2023, la situación sigue siendo tensa.